Reforma del Estado: una nueva oportunidad de discutir
Esta semana, cuatro centros de pensamiento de distinto signo político presentamos dos informes con propuestas, por un lado, sobre transparencia y gestión de la información; y, por otro, sobre la gestión de personas y empleo público en el Estado. Ambos fueron parte de un proceso de debate de un conjunto de investigadores y expertos de estas instituciones, que se reunieron durante varios meses con actores de los respectivos sectores. Sin duda, los temas respecto de la reforma del Estado no se agotan en estas materias; no obstante, la conclusión común fue que era preciso empezar por algo y que estos dos temas, con características distintas, plantean cuestiones que son centrales.
De una parte, la transparencia, la protección de datos y la gestión de la información en el Estado son materias relevantes porque permiten el control social, la defensa de derechos fundamentales y la mejora en las políticas públicas. A diez años de la ley de acceso a la información pública y habiéndose aprobado en Chile todo un conjunto de normativas en materia de probidad, transparencia y control de la corrupción, vale la pena volver a mirar cómo perfeccionar lo que hemos construido, especialmente porque parte de la recuperación de las confianzas está en la posibilidad del establecer el control social. Del mismo modo, en un mundo donde los datos son “el nuevo oro”, es preciso generar regulaciones más firmes para poder proteger a los ciudadanos de potenciales vulneraciones de derechos en el mundo público y privado, para lo cual se necesitan reglas claras y una institucionalidad sólida. No obstante, es también preciso, para mejorar la toma de decisiones en materia de políticas públicas, procurar una mejor gestión de todo el entramado de información que obra en poder del Estado, que no es más ni menos que hacer generar una relación más armónica con las tecnologías de información hoy disponibles. Sobre este tema, si bien puede haber matices, hay bastante consenso respecto hacia dónde se debe avanzar, y hoy en día, frente al cambio acelerado que enfrentan nuestras sociedades y el avance del mundo digital, generar políticas sostenibles y transversales en la materia se transforma en una tarea irrenunciable.
Por otra parte, no hay duda que un tema central hoy en día en la reforma del Estado es la gestión de personas. Hace mucho se ha postergado en Chile la posibilidad de regularizar la situación de funcionarios públicos que, a diferencia del sector privado, carecen de derecho a huelga (aun contra los acuerdos internacionales suscritos por Chile) y se encuentran en una situación de precarización relevante si se considera que el 70% del total de funcionarios del Estado son personal a contrata (contratos renovables año a año, sin derecho a indemnización), y el 1% son honorarios asimilados a grado, es decir, personas que cumplen tareas que en su mayoría son permanentes en el Estado, pero que no tienen cobertura de seguridad social. Ello se une a otra serie de cuestiones, como la prácticamente imposibilidad de la movilidad horizontal, generada, entre otras cosas, porque los funcionarios dependen de entidades públicas específicas, y la inexistencia de un sistema de reclutamiento de personal del Estado que permita garantizar idoneidad y excelencia en todos los niveles, más allá de los avances que ha significado el sistema de Alta Dirección Pública. Sobre estas materias es preciso avanzar sustantivamente para evitar que el sector público se termine transformando en un botín que cambia cada cierto tiempo de signo político. No es posible avanzar sustantivamente en la reforma del Estado si no se pone al centro a quienes tienen la responsabilidad de ejercer con dignidad la función pública.
En un país donde el diálogo es cada vez más escaso y donde la posibilidad de identificar puntos básicos de acuerdo en materia de políticas públicas no siempre es posible, esto es una buena noticia.
Presidenta de Chile 21.