UN DISCUTIBLE ACUERDO TRIBUTARIO

Reintroducir la “integración” se hace inútil si, junto con ésta, se elevan las tasas del Global Complementario, como exige la oposición.

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Las condiciones de la oposición para aprobar la propuesta tributaria oficial -recaudación constante y no beneficiar a los actuales inversionistas en empresas en el régimen de “integración parcial”restan interés a la reforma, porque resulta improbable que por esa vía se pueda estimular la inversión activamente.

Por la propuesta de “integración” tributaria, el 100% de los impuestos ya pagados por la empresa sobre sus utilidades se consideraría pago anticipado del Impuesto Global Complementario (IGC), que grava al accionista al retirar utilidades. Se busca reducir la tasa de tributación total aplicada a los ingresos de quienes viven de rentas generadas por las empresas que hoy tributan en el régimen de “integración parcial”, pues es esa tasa final la que determina su interés en invertir. Subir esa tasa final de tributación (de 40% a 44,5%), como hizo el gobierno anterior, frena la inversión hasta que la “escasez” de capital hace reaparecer proyectos tan rentables que, a pesar de los mayores impuestos, se reanuda la inversión. La administración pasada sufrió la gran parte de ese ajuste, ante los mayores impuestos que introdujo. Sin duda, un paso equivocado, pues según los expertos en finanzas públicas (Mirrlees, 2010), la mayor recaudación tributaria lograda es pagada por los trabajadores, un paso atrás en lo distributivo.

El ejercicio de reintroducir la “integración” se hace inútil si, junto con ésta, se elevan las tasas del IGC como exige la oposición. Por la vía de establecer un nuevo tramo en la escala del IGC sujeto al 35%, y una tasa más alta para las “súper” rentas que exceden el límite superior del nuevo tramo, se puede replicar el sistema actual en términos de tasa final de tributación para quienes están hoy en el régimen de “integración parcial”. Pero, por satisfacer así las condiciones de la oposición, se perdería el efecto sobre la inversión. Ya el país no volvería al recorrido de crecimiento pre Nueva Mayoría (NM) y, por lo tanto, tampoco se lograría revertir la caída de remuneraciones que introdujo la reforma tributaria de entonces.

Se ha insinuado la alternativa de compensar las pérdidas de recaudación de la “integración” propuesta, subiendo de 35% a 40% la tasa más alta en el IGC. Pero esto significaría incrementar la tasa final de tributación -respecto del nivel en que la dejó la NM- a todos los inversionistas que derivan sus ingresos de empresas hoy sujetas al sistema de “renta atribuida” (RA), quitando incentivos para invertir en este segmento. Eso no ha de ser deseable para el gobierno, ni menos para los empresarios tributando según RA.

El error tras la reforma tributaria de la NM fue suponer que gravaría a los inversionistas que representan el “1% más rico” del país, siendo técnicamente predecible que su impacto sería sobre las remuneraciones de los trabajadores. El gobierno no debería transar lo esencial de su propuesta -que es reducir la carga tributaria de todos los inversionistas- para, vía inversión, restituir a los trabajadores sus remuneraciones perdidas y la credibilidad de una institucionalidad para el crecimiento.