En Chile no pasan esas cosas

Está jodido Perú. Fíjense que en la víspera del Año Nuevo el fiscal nacional destituyó a los persecutores Pérez y Vela, que investigaban el caso Odebrecht. Un manto de impunidad caía así sobre esa trama de corrupción que involucra a empresarios y políticos de distintos partidos.

Ay, Perú. País subdesarrollado, corrupto, con instituciones débiles.

Por suerte en Chile no pasan esas cosas. Aquí habría sido inimaginable que los fiscales que develaron el esquema de platas ilegales en la política hubieran sido apartados de sus investigaciones. ¿Los fiscales Gajardo y Norambuena fuera del Ministerio Público por investigar demasiado? ¡Imposible! En Chile no pasan esas cosas.

Aquí sería impensable, por ejemplo, que la Presidenta de la República hubiera intervenido el Servicio de Impuestos Internos para que este no se querellara y así frenar las investigaciones de platas políticas. ¡Ni pensarlo! O que intentara designar notario al fiscal que había indagado el caso Caval que involucraba a su familia. ¡Cómo se les ocurre!

No sean majaderos. Si ya lo aclaró Enrique Correa: en Chile no hay corrupción, hay “maneras informales de financiar la política”.

Por algo somos los ingleses de Sudamérica, los suizos del Cono Sur, los jaguares del hemisferio. Las instituciones funcionan, como decía don Ricardo. Y cuando alguien viola las normas, ¡ay de él!

Si no me cree, vea el caso de los tragamonedas. En interceptaciones telefónicas captadas en 2017, aparecen evidencias de plata negra en campañas políticas de oficialismo y oposición. El cuñado y asesor de la actual diputada Érika Olivera le asegura al entonces presidente de la asociación de tragamonedas que “la Érika estaba muy contenta” y que “tenemos un voto asegurado pa’ la legalización” de los casinos clandestinos. El hijo del entonces candidato Nelson Hadad incluso da a un financista instrucciones específicas sobre cómo violar la ley electoral (“yo se lo paso a mi viejo, mi viejo lo deposita y se acabó”).

La justicia será implacable, acuérdense de mí. Claro, es cierto que la ley aprobada por los mismos parlamentarios dice que sin querella del Servel no se puede investigar el financiamiento ilegal de cam- pañas, y que el Servel –cuyos directores son ratificados por esos parlamentarios– ya decidió no querellarse en este caso.

También es verdad que, a diferencia de cualquier otra infracción que cometa un ciudadano común, estos delitos prescriben tras solo 24 meses (o sea, a fines de este año). Y que el fiscal que ordenó interceptaciones y allanamientos fue removido del caso tras recibir el informe de la PDI que daba cuenta de “fraude al Fisco, tráfico de influencias, cohecho, defraudaciones, financiamiento ilegal de campañas políticas y asociación ilícita”.

Pero en Chile no pasan esas cosas. Y cuando pasan, son severamente castigadas, sin importar si los culpables son personas poderosas. Todo el peso de la justicia caerá sobre ellos, tal como ocurrió con la colusión de las farmacias, los pollos y el confort, Caval, Penta, SQM y los abusos de O’Reilly y Karadima, casos todos en los cuales, como es sabido, sus responsables purgan severas penas de cárcel.

Aquí sería impensable que un senador como Iván Moreira, confeso de haber recibido plata ilegal de un grupo económico, no solo quedara libre y sin castigo judicial, sino incluso siguiera sentado en el Senado. Mucho menos, que los dueños de Penta, líderes de una trama de evasión de impuestos y platas negras a políticos, terminaran sancionados con clases de ética. O que el propietario de Corpesca, tras descubrirse los millonarios pagos a parlamentarios que seguían las instrucciones de su empresa, fuera galardonado por el Diario Financiero como “Mejor Empresario” del año.

Eso solo pasa en republiquetas. En países en que las instituciones son manipuladas por la élite para su propio beneficio. En que tener poder garantiza impunidad, incluso ante los delitos más graves y las evidencias más contundentes.

Ustedes saben, países como Perú. Donde, para terminar la historia, la destitución de los fiscales provocó una ola de protestas en todo el país. El Presidente de la República volvió de emergencia de una visita a Brasil para enfrentar la crisis. Y, tras 48 horas, el fiscal nacional debió echar pie atrás, y los persecutores Pérez y Vela fueron repuestos en sus cargos para seguir investigando la corrupción.

Eso sí que no pasó en Chile.