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Este verano, la marraqueta estará más crujiente para las personas que se tomaron terrenos en las playas de Atacama para levantar sus casas de veraneo, o que hicieron negocios inmobiliarios ilegales con ese suelo que le pertenece a todos los chilenos.
En una lamentable decisión, el Ministerio de Bienes Nacionales (BBNN) decidió “regularizar” esas tomas, vendiendo los terrenos a sus ocupantes, sin exigir obras de urbanización o la recepción municipal de miles de viviendas construidas sin permisos. Y como BBNN no tuvo la voluntad política para desalojar a nadie, ni exigir un cobro retroactivo, poco podrá hacer si los tomadores deciden pagar menos o se mantienen en zonas de riesgo.
Con ello, el Estado entrega dos pésimas señales. Primero, a las miles de familias de clase media que ahorran todo el año para arrendar una casa en sus vacaciones, o que con el esfuerzo de una vida se compran una segunda vivienda pagando dividendos y contribuciones. ¿Para que gastar tiempo y recursos si pueden tomarse una playa?
La segunda mala señal se da en materia de planificación territorial. En un país expuesto a catástrofes y que se precia de proteger su medio ambiente, es impresentable que un ministerio valide asentamientos turísticos informales sin agua potable ni alcantarillado, expuestos a riesgos naturales y que contaminan dunas y océanos de enorme valor ambiental.
En Atisba hicimos un catastro y el problema es serio. Sólo en Atacama, existen doce balnearios informales, que suman 8.300 viviendas y que ocupan 480 hectáreas de suelo, lo que equivale a todas las playas de Viña del Mar, Reñaca y Concón.
Estas tomas costeras se han multiplicado en los últimos años y en Puerto Viejo, Rodillo o Barranquilla han conformado verdaderas ciudades. Ello hace que la solución no sea fácil, aunque existen caminos para abordarla sin entregar señales equivocadas. Antes de seguir con los anuncios, BBNN debe erradicar las viviendas ubicadas en zonas de riesgo y las casas de veraneo de autoridades y funcionarios públicos que difícilmente podrán evitar futuras tomas si siguen vacacionando en una.
En paralelo, debe perseguir penalmente a las mafias que venden loteos irregulares, para evitar que esta práctica se extienda sobre una enorme extensión de territorio. En las casas que se quedan, cualquier regularización debe hacerse sobre un plan de urbanización que incluya calles y servicios sanitarios. Su costo debe prorratearse entre las viviendas irregulares, lo que obliga a cobrar retroactivamente por las tierras tomadas con fines turísticos.
Esperemos que el Ministerio de Bienes Nacionales actúe con decisión, para eliminar una forma de ocupación que no sólo es ilegal y peligrosa, sino que tremendamente injusta para miles de familias que saldrán de vacaciones este verano respetando las leyes vigentes.