Agarra Aguirre
Las encendidas críticas de la oposición actual a la designación como agregada comercial en Nuevo York de una joven con poca experiencia y ligada a un exsocio comercial del Presidente, han sido contestadas por partidarios del actual gobierno diciendo que en el gobierno anterior ocurrió algo similar. A su vez, estos, podrían alegar que en el primer gobierno de Piñera le dieron empleo en Gendarmería a la esposa de un importante dirigente de un partido de gobierno, lo que también es fácil de empatar. Y así sucesivamente.
El caso de la agregada comercial se ha convertido en una crisis para el oficialismo, pues nuevamente cae en contradicción con su propia campaña electoral, donde el propio Presidente, para fustigar a una de sus contendoras, le recordó la lista de familiares que tenía esta en el Estado. En un acto propio del talento del actual canciller, el gobierno trató de aplacar la crisis bajando el sueldo de la agregada comercial. La solución tipo sofá de Don Otto muestra que tampoco hay ánimo de ir al fondo.
El problema no es de izquierda o derecha y posee un componente más estructural. El jueves pasado, en el Senado se presentó una propuesta de cuatro think tanks para hacer una reforma profunda al Estado, que incluye cambios en la gestión de las personas. Los centros de pensamiento en el texto concluyen que “la falta de concursos públicos, además de generar espacios de excesiva discrecionalidad, impide que los funcionarios públicos puedan participar en igualdad de condiciones”. Así de brutal, y ad hoc al rechinar de dientes de algunos de la Cancillería, que, ante el concurso inexistente, filtraron convenientemente el caso y crearon la crisis.
En su discurso ese día el Pre- sidente del Senado reconoció las trabas que se encuentran cada vez que se toca el tema. En los pasillos, un investigador del CEP me hizo ver que el gran problema radica en un régimen político demasiado presidencial y demasiado corto. Eso hace que haya poco tiempo para pagar los favores políticos necesarios para acceder al poder y que la moneda de cambio sean los empleos públicos. He ahí una explicación más profunda y que también hace ver con claridad cómo lo que popularmente se conoce como la política del ‘agarra Aguirre’ es capaz de sobrevivir a las propias reformas que se han hecho para un Estado más profesional.
Un ejemplo de ello son las remuneraciones en el Estado, que han crecido más que cargos equivalentes en el sector privado. En sus inicios se pensó esto como un incentivo para atraer buenos talentos a la Alta Dirección Pública, pero finalmente el olor del dinero atrajo a los operadores políticos y se convirtieron muchos cargos del sistema en verdaderas presas, con la legitimidad de ser validados por concurso público. La larga lista de directores de servicios con militancias en maquinarias partidarias que funcionaban bajo el ardid de ser transitorios y provisionales, y después se convirtieron en titulares del cargo, muestra que el ingenio puede más que las leyes.
El único punto que ha sido útil para contrarrestar esta práctica es la Ley de Transparencia dictada en el primer gobierno de Bachelet, que permite auscultar muchos de estos movimientos. A falta de un consenso para un cambio en el sistema político, tomar las ideas de los think tanks, en especial las incómodas, como convertir al Consejo de la Alta Dirección Pública en un verdadero contrapeso del poder político, podría ser una solución rápida y un punto a anotarse por el actual gobierno.