PARLAMENTARIOS Y CUIDADO DE INSTITUCIONES
Es una negativa señal que legisladores de oposición estén bloqueando designaciones que requiere el TC.
El 2018 concluyó con señales preocupantes, que reflejan un progresivo debilitamiento de las instituciones en Chile. En forma escalonada, diversas entidades que han sido pilares en nuestra historia reciente han sufrido –en algunos casos justificadamente- un deterioro acelerado de su imagen y, como consecuencia, un distanciamiento profundo con la ciudadanía. En esta lista aparecen las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Iglesia Católica y diversas instituciones del mundo político. Haciéndose eco de este problema, el expresidente Ricardo Lagos alertó en entrevista con este medio sobre la necesidad de un acuerdo nacional para superar la crisis de instituciones.
La cobarde agresión que sufrió el presidente del Tribunal Constitucional (TC), en plena vía pública, revela que existen grupos que son capaces de desafiar la institucionalidad, intentando forzar de manera espuria a las autoridades a actuar en línea con sus intereses. Pero, además, este hecho marca un problema más profundo, ya que el debilitamiento institucional que se han trazado como objetivo algunos grupos minoritarios –algunos con representación política- tiene consecuencias severas en el desarrollo económico y social de nuestro país, tal como lo han demostrado diversos estudios internacionales.
En este delicado contexto, es lamentable que algunos parlamentarios, en vez de contribuir a la solidez de las instituciones, sean más bien los que intentan socavarlas. Prueba de ello es que, para resolver la crisis de Carabineros o dar curso a los nombramientos de ministros suplentes del Tribunal Constitucional –vacantes desde principios de 2016-, representantes de la oposición se manifiesten disponibles solo si el gobierno accede a reformar las bases del TC. Una actitud desafiante como ésta, al menos, podría entenderse si el Congreso gozara de una popularidad desbordante, pero los mismos que acusan al TC de falta de legitimidad se hunden en las preferencias de la ciudadanía, con un rechazo que triplica su aprobación, según la encuesta Cadem. Además, según el último estudio de opinión pública del CEP, una reforma constitucional –como del tipo que proponen los parlamentarios- es la última preocupación de los chilenos y solo un 3% lo menciona como una prioridad para la actual administración.
Este notable abandono de deberes en el que incurren los parlamentarios es preocupante, porque su inacción bloquea justamente al organismo que es el garante de la Carta Fundamental, pilar jurídico esencial de la institucionalidad chilena. Pero, además, se le delegó al TC la labor de contrapeso del Parlamento, por lo que es cuestionable que los que por ley deben ser controlados por el organismo sean los que pretendan reformularlo a su arbitrio, pretendiendo que mayorías circunstanciales puedan alterar las bases del modelo actual, sin mayores dificultades.
Los parlamentarios debieran ser los mejores ejemplos en la defensa de las instituciones, pero la actitud obstruccionista de algunos consigue un doble propósito: seguir aumentando el descrédito de la política, a la vez que carcomen las bases de otras instituciones claves para el desarrollo y la estabilidad del país.