PROTECCIÓN A LA NIÑEZ

SEÑOR DIRECTOR

Ante la discusión legislativa sobre el Servicio de Protección a la Niñez y la regulación a la subvención a colaboradores de Sename, nos preocupa la postura de la Defensoría de la Niñez sobre el rol de la sociedad civil y de los Organismos Colaboradores Acreditados de Sename en la nueva institucionalidad.

La Defensoría es contraria a que cumplan esta función pública, argumentando que se trata de una delegación de la responsabilidad estatal. El Estado nunca delega su responsabilidad. Él determina la oferta, subvenciones, diseño y control de los programas psicosociales. La sociedad civil ejecuta por mandato del Estado.

Las instituciones privadas han debido hacerse cargo de parte del financiamiento del servicio otorgado a la niñez. Incluso, recibiendo en promedio el 45% del costo real de acoger a los niños en residencias. El 55% faltante es financiado por los organismos colaboradores con recursos propios o apelando a la comunidad.

Concordamos con la Defensoría de la Niñez en que hay que migrar desde un sistema de “auxilio económico” de la actual Ley 20.032, a uno que financie gradualmente el costo total de las intervenciones. Sin embargo, no compartimos que el carácter subsidiario del Estado sea causa de las sistemáticas violaciones descritas en el informe del Comité de Derechos del Niño de la ONU. En él se critica al Estado por las vulneraciones cometidas en sus establecimientos. Además, recomienda exigir estándares de calidad que ya están considera dos en la nueva institucional id ad.

Hoy, más de 20 mil personas ponen su profesionalismo para cambiar la realidad de la niñez en situación de vulnerabilidad. Esta trayectoria y experiencia no pueden ser marginadas de este desafío.

Edmundo Crespo Pisano Director Ejecutivo Fundación Ciudad del Niño