EQUÍVOCAS SEÑALES EN LEY CORTA DE PESCA
El proyecto va en la línea contraria de alimentar expectativas favorables hacia la inversión, ya que debilita la certeza jurídica.
La Ley 20.657, dictada tras intenso debate en 2013, creó Licencias Transables de Pesca (LTP), que fueron luego adquiridas por empresas pesqueras. Las LTP permiten a su titular capturar una determinada proporción del monto total de captura de las especies autorizadas para los pescadores industriales, y son susceptibles de ser divididas, compradas y vendidas. Otorgadas por 20 años renovables, su renovación quedó sujeta al cumplimiento de ciertas normas técnicas.
Organismos técnicos nacionales e internacionales han considerado que este tipo de derechos de captura, precisamente por ser de largo plazo y renovables en forma automática, proveen el horizonte de negocios que induce una explotación racional, consistente con la preservación de los recursos pesqueros involucrados. El país dio así, en 2013, un paso importante para alejarse de la gestión administrativa de los recursos pesqueros, tras un largo historial de sobreinversión, “carreras olímpicas” y sobreexplotación de las pesquerías.
El proyecto de “Ley Corta” de pesca, aprobado por la Comisión de Pesca del Senado, pretende imponer la sustitución de las LTP por derechos de captura que ya no se renovarían automáticamente a los veinte años, sino que serían licitados. Esto acortaría drásticamente el horizonte de planificación de las empresas pesqueras, lo que debilitaría los incentivos a la explotación racional y retrotraería necesariamente la gestión de este sector a la situación previa a 2013, con límites de captura definidos y controlados por el Estado, en un escenario de incentivos individuales a la sobreexplotación.
Sin restar la importancia para el país de una explotación eficiente de las pesquerías -por su impacto en actividad, empleo y recaudación tributariadebe señalarse que el elemento más cuestionable del proyecto es su pretensión de eliminar derechos adquiridos de los actuales titulares de las LTP, sin las compensaciones que dicta nuestro ordenamiento constitucional. Si hay un componente importante de la institucionalidad que conduce al desarrollo es el estado de derecho, el que supone la certeza jurídica, que sería gravemente debilitada por esta “Ley Corta”. En definitiva, más allá de consideraciones “políticas”, este proyecto de ley va a debilitar un fundamento clave para el funcionamiento de un orden económico-social libre. El desconcertante paso que dio la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que aprobó derogar la actual Ley de Pesca -un mecanismo totalmente ajeno a la institucionalidad-, no hace sino introducir aún mayor incertidumbre.
No parece haber en la coalición gobernante la convicción o la capacidad para frenar esta propuesta, motivada, en último término, en entendimientos electorales con sectores de equívoca identificación con la centroderecha. Esto resulta curioso en una coalición que se esfuerza por alimentar expectativas favorables, consciente de que ello tiene una influencia en el desempeño concreto de la economía en el corto plazo, pero que con su actitud favorable a la “Ley Corta” está ignorando que, para las decisiones económicas, la confianza en un sistema permanente de reglas que dan sentido a la inversión es más relevante que las proyecciones de crecimiento en el corto plazo.