Percepción y realidad
La última encuesta Ipsos-Espacio Público sobre temas de integración social, muestra datos bien reveladores. De igual modo, conecta con algunos importantes debates que hemos sostenido en los últimos meses, como es el caso de la instalación de viviendas sociales en sectores acomodados de la capital, o la manera en que estamos abordando la política pública para regular el ingreso y estadía de extranjeros y, muy recientemente, la iniciativa del gobierno que pretende revertir algunas de las medidas de inclusión social que en educación se aprobaron hace años.
Para el caso de los barrios y los colegios, la encuesta muestra una altísima disposición a la integración, alcanzando más del 80% de opiniones favorables. Como resulta obvio, la incidencia es mayor entre las personas que se definen de izquierda o de centro, aunque comienza crecientemente a ser un tema de relevancia en las personas que se autodefinen de derecha. Un dato que me sorprendió es que usualmente suponemos que la mayor resistencia a la integración social se debería verificar en los sectores socioeconómicos más pudientes y en la clase media acomodada y emergente. Sin embargo, en este último segmento, agrupados en el C1, es donde se muestra la mayor aceptación y voluntad para la integración; no habiendo variaciones significativas cuando separamos por sexo, edad o las ciudades donde se encuestó.
Donde los datos son más desalentadores, aunque no por eso sorpresivos, es cuando se consulta por inmigración. En efecto, el 43% de los encuestados percibe que la inmigración es dañina para el país por los problemas sociales que genera, reportándose diferencias importantes de la negativa disposición por segmentos: más en las mujeres, en las personas de mayor edad, en los habitantes de Santiago y en los sectores económicos más bajos. Se trata, además, de una predisposición negativa amparada en juicios y percepciones respecto de las cuales no existe ninguna evidencia que la sustente, como decir que la inmigración impacta en la seguridad ciudadana o en la disponibilidad de empleos; y, cuestión bien descabellada, en la llegada de nuevas enfermedades.
Estos datos son una alerta que debe llamar a la mayor responsabilidad de aquellos que contribuyen a la formación de la opinión pública, como es el caso de los medios de comunicación y otros “influenciadores”, y muy especialmente de la clase política dirigente, ya que, así como no haber regulado de manera oportuna este proceso contribuyó a la incertidumbre y exasperación de muchos ciudadanos, también la irresponsable liviandad o populismos en esta materia están alentando una serie de prejuicios y medias verdades que solo contribuyen a generar un escenario de mayor conflicto y tensión social en torno a un proceso irreversible; el que no debemos ignorar o reprimir, sino conducir y aprovechar.