Blanco y negro

El debate sobre el nuevo sistema de admisión es ideológico, y es bueno reconocerlo. Con este proyecto se enfrentan dos miradas sobre justicia, que reflejan la diversidad de nuestra sociedad. Creer que una postura es moralmente superior a la otra entorpece el diálogo democrático. En primer lugar, es fundamental tener claro que el proyecto de ley no hará que más alumnos queden admitidos en los colegios de sus preferencias. Esto solo se logrará cuando los estudiantes postulen a más colegios. Tampoco es verdad que se extienda la libertad de elección de los padres; por el contrario, la restringe, pero eso no siempre es indeseable. El proyecto no atenta contra el proceso centralizado de admisión, pues el algoritmo es flexible a cualquier criterio de asignación, y no retrocede en transparencia y objetividad, siempre y cuando los criterios de selección en función del proyecto educativo sean acotados y objetivos.

Revisemos algunas de las medidas del cuestionado proyecto. Primero, se busca corregir la actual discriminación entre tipos de hermanos. La intención de privilegiar a los hermanos es ayudar a los núcleos familiares, dado el costo de tener hijos en colegios diferentes. Pero resulta que las familias son muy diversas y el actual sistema no reconocía dicha diversidad. Esta medida es un retroceso, pues antes de la Ley de Inclusión los colegios podían priorizar a hermanastros o miembros del núcleo familiar, pero este retroceso no deja de ser un avance. Segundo, se permite a los colegios de buena calidad aumentar el porcentaje de alumnos prioritarios que tienen preferencia en la admisión. Esta medida restringe la libertad de elección de las familias, pero tiene un efecto positivo en equidad e integración social. La evidencia empírica nos muestra que el grueso de los niños más vulnerables postula a colegios con pésimos indicadores de calidad, de ahí que sea relevante ayudar más a los pocos niños vulnerables que postulan a estos colegios. Tercero, se permite a todos los colegios del país seleccionar hasta el 30 por ciento de su matrícula en función de su proyecto educativo. Esta medida busca un nuevo equilibrio entre la libertad de enseñanza y de elección, restringiendo la libertad de elección de los padres. Antes de oponerse a rajatabla a esta medida, vale la pena revisar si no hay ciertos fines que la justifiquen. Si los criterios de selección buscan preservar bienes públicos como la integración social de los niños inmigrantes o de pueblos originarios, podría ser beneficioso para la sociedad. ¿Qué pasa cuando los criterios de selección buscan preservar bienes privados? Esta pregunta es legítima. Países como Bélgica han optado por financiar proyectos educativos que seleccionan la totalidad de su matrícula en función de criterios religiosos. Sin duda, hay contextos donde una medida de esta naturaleza se hace necesaria, pero en el contexto nacional no es evidente el beneficio social o educativo que podría tener. La diferencia entre quienes apoyan y critican esta medida yace en el valor que le otorgan a la autonomía de los proyectos educativos, versus la libertad de elección de los padres y las consecuencias no deseadas. Cuarto, el proyecto también busca premiar el mérito o talento. Se dice que es injusto que los alumnos más esforzados tengan la misma posibilidad de elegir un colegio que los alumnos más flojos. Más allá de las dificultades de medir esfuerzo y flojera, es atendible la frustración que debe generar la falta de reconocimiento al esfuerzo personal. Pero, qué pasa con los otros niños que no han tenido una trayectoria académica exitosa, ¿les ponemos más barreras, cuando son los que más apoyo necesitan? El tema de los liceos de excelencia queda para la próxima semana, pero sin duda son compatibles con un sistema que no selecciona por mérito.

Como podrán ver, la realidad no es blanco y negro, tiene colores.