Gobierno envía a arqueólogos a medir daños en “Gigante de Tarapacá”
Equipo será enviado para constatar en terreno el impacto provocado tras el paso de un vehículo por la zona. Los tres detenidos serán formalizados el martes.
Conocer la real magnitud del daño que provocó un vehículo de turistas que traspasó el perímetro de resguardo del geoglifo conocido como el “Gigante de Tarapacá”, será la tarea que realizará en los próximos días un equipo de arqueólogos enviados por el gobierno a la zona.
El pasado 6 de enero, una camioneta marca Mitsubishi modelo Outlander, llegó hasta el cerro Unitas para ver más de cerca la figura en la tierra. Lo que no consideraron fue que el peso del vehículo causó un “perjuicio irreparable”, según lo calificó el gobierno.
Producto de esta acción, que provocó un daño al monumento nacional, la PDI detuvo el viernes a Esteban Vilogrón, Wanda Larrocha y a Nicolau Panagiota, este último de nacionalidad belga, antes de que abordaran un vuelo a Europa.
Según la ministra de las Culturas, Consuelo Valdés, “un equipo de arqueólogos,
coordinados por el ministerio, llegará durante la semana próxima hasta el sector para realizar un informe técnico de los daños ocasionados en este geoglifo”.
Junto a este equipo, la autoridad anunció que “presentaremos una querella contra quienes resulten responsables de este delito cometido contra uno de los monumentos arqueológicos más relevantes del norte de nuestro país”.
Para la subsecretaria de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo, “los daños a este tipo de
monumento arqueológico son irreparables, porque perjudican su construcción original”.
Ayer, los tres detenidos fueron puestos a disposición del Octavo Juzgado de Garantía para controlar su detención, tras lo cual serán formalizados el próximo martes en el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, Región de Tarapacá. Allí enfrentarían cargos por daños a monumentos nacionales, delito cuya pena parte en los 61 días de cárcel.
Defensa de los acusados
Juan Carlos Quevedo, amigo de los presuntos autores
del daño patrimonial, asegura que tras enterarse de que eran requeridos por la policía, el grupo se habría presentado voluntariamente en un cuartel de la PDI de Puente Alto. Según detalló, en el lugar les habrían comunicado “que podían irse del país, ya que tenían pasajes de vuelta hacia Bélgica”. Sin embargo, en el aeropuerto fueron arrestados por la policía civil. El martes, el tribunal de Pozo Almonte fijará medidas cautelares y el plazo de investigación en este caso.b