Estado de emergencia
No hay dos opiniones: los efectos del cambio climático harán cada vez más frecuentes los desastres naturales; emergencias como las que el país enfrenta en estos días en el norte y en el sur, que han develado la todavía precaria capacidad de prevención y respuesta por parte del Estado.
Una realidad que se hace aún más visible cuando el gobierno exhibe, además, problemas de desorden y descoordinación interna.
Los incendios y las inundaciones sorprendieron a las principales autoridades de vacaciones, disfrutando de un merecido descan- so que, a la luz de las evidencias, no tenían ninguna intención de suspender. Fue, de hecho, el propio Presidente Sebastián Piñera quien primero tomó la iniciativa de volver a Santiago, ordenando de paso a sus ministros que hicieran lo mismo.
Con todo, las calamidades provocadas por el fuego y la lluvia llevaban ya más de una semana golpeando las puertas de un palacio de La Moneda semivacío.
El arribo de las autoridades y las decisiones adoptadas confirmaron la naturaleza del problema: un toque de queda abortado en Concepción; una intendenta de Aysén súbitamente removida de su cargo (la segunda en menos de un año); varios alcaldes de zonas afectada coincidiendo en que el gobierno “llegó tarde”; el ministro del Interior, Andrés Chadwick, en tensión con el intendente Jorge Ulloa frente a las cámaras; la Onemi sin la fuerza y la coordinación centralizada de otras ocasiones.
En resumen, síntomas que han venido a confirmar que el primer año del segundo gobierno de Sebastián Piñera dejó como secuela un equipo con claros signos de desgaste, con demasiados flancos débiles, a los que se han agregado también fricciones políticas evidentes.
Mirado en retrospectiva, el caso Catrillanca fue sin duda el punto de inflexión; un quiebre incluso anímico, del cual el gobierno, hasta ahora, no logra sacudirse.
En paralelo, otros frentes refuerzan el delicado momento; entre ellos, la inexplicable continuidad del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, que no solo prolonga una tensión innecesaria con la DC, sino que mantiene los puentes cortados con el ministro Emilio Santelices. Y una política exterior que terminó reducida a la también innecesaria obsesión de responder todas y cada una de las bravatas lanzadas desde Venezuela por el régimen de Maduro.
El tiempo es por definición un bien escaso, más aún cuando el gobierno debe afrontar este año la tramitación de sus principales reformas; proyectos complejos que generan fuertes disensos y para los cuales se requiere una capacidad de conducción que las emergencias de este tórrido febrero han confirmado peligrosamente menguada.
Un cuadro poco auspicioso, al cual hay que sumar además el ya crónico desorden opositor, en un momento en que la confianza de inversionistas y consumidores apenas remonta y con marzo a la vuelta de la esquina. Nada fácil.