Fitch califica de poco ambiciosa la meta de déficit fiscal de Chile
Clasificadora de riesgo prevé que deuda pública llegará al 28% del PIB en 2020.
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La insuficiente descentralización es, a todas luces, uno de los lastres que enfrenta el desarrollo económico y social del país. Actualmente, la Región Metropolitana concentra el 40% de la población y cerca de la mitad del PIB de Chile se produce en la zona central. El proceso para elegir democráticamente a la principal autoridad regional -los llamados gobernadores, que desde octubre de 2020 se elegirán por votación directa y reemplazarán la figura del actual Intendente- ha buscado corregir esta falencia. A simple vista, parece necesario delegar en las manos de los ciudadanos locales la capacidad de elegir a quién será el representante político más relevante a nivel regional. No obstante, el proceso de diseño de esta nueva institucionalidad local ha sido confuso y ha eclipsado cualquier esfuerzo por avanzar en un modelo descentralizador más integral.
El gobierno ingresó a la Contraloría cinco decretos supremos que identifican las primeras competencias que se van a transferir a los nuevos gobernadores regionales. Son un total de 15, que hoy recaen sobre cuatro ministerios: Vivienda y Urbanismo, Transportes, Economía y Desarrollo Social. La mayoría de las atribuciones traspasadas son más bien modestas y validan la escasa capacidad ejecutiva que detentarán los gobernadores. En paralelo, la figura del delegado presidencial –que mantendrá muchas de las facultades de actuales los intendentes y que poseerá un mayor peso ejecutivoserá el verdadero brazo operativo del gobierno en la región, lo que probablemente podría explicar por qué esta administración optó por la prudencia a la hora de la delegación de competencias de los futuros gobernadores.
Estos tímidos avances, que buscan materializar el proceso eleccionario del próximo año, deben motivar una reflexión más profunda que lleve a cuestionar la viabilidad que tiene la nueva institucionalidad regional. El nuevo gobernador, desprovisto de facultades reales y, probablemente, depositario del mayor caudal electoral a nivel local –solo por debajo del Presidente-, previsiblemente volcará su gestión buscando alcanzar protagonismo político, un germen peligroso que perfectamente puede derivar en el surgimiento de un caudillismo de corte populista. Frente a una institucionalidad tan poco clara, cabría preguntarse, por ejemplo, quién asumirá el liderazgo local ante algún desastre natural como los ocurridos en los últimos días en el norte o en el sur del país. ¿Podrá el gobernador, en caso de ser de signo político contrario, colaborar con el gobierno en gestionar la crisis? ¿Podrá coordinarse la comunicación oficial con el delegado presidencial si ambos no comparten sector político o incluso la solución a la crisis?
Frente a estas debilidades, cabría haber esperado que en vez de optar por echar a andar una institucionalidad regional que no está lista para operar eficientemente, el gobierno hubiese emprendido correcciones de fondo, incluso a riesgo de retrasar un tiempo la elección de gobernadores.