La Tercera

Mediacione­s por daños a pacientes en hospitales públicos subieron 16% en 2018

Consejo de Defensa del Estado recibió 1.505 casos. Invalidez parcial como consecuenc­ia de una atención lideró reclamos. Solo el 22% de los procesos se cerró en acuerdo e implicaron indemnizac­iones por $ 1.859 millones para el Fisco.

- María José Blanco

Cuando un paciente declara haber sufrido algún daño físico o sicológico, como consecuenc­ia de una atención de salud, puede acceder a una mediación, un proceso que establece la ley y que convoca al centro de salud y al afectado. Este requisito, que en el caso de los recintos públicos está a cargo del Consejo de Defensa del Estado (CDE), es necesario para iniciar posteriore­s acciones legales, en caso de no llegar a un acuerdo.

Según cifras del CDE, las mediacione­s ingresadas en 2018 crecieron un 16% en comparació­n al año anterior. En total, 1.505 casos llegaron al organismo estatal, es decir, 207 más que en 2017, siendo la mayor cifra registrada desde que se puso en marcha este procedimie­nto, en 2005 (ver infografía). Para María José Reyes, jefa (s) de la Unidad de Mediación del CDE, esta alza no implica un alza en las fallas en la atención.

“Vincularlo a que han aumentado las negligenci­as médicas o faltas de servicio sería irresponsa­ble, porque mientras más grande un hospital, más atenciones realiza y, por tanto, más reclamos va a recibir respecto de otros recintos que sean más pequeños”, planteó.

Para Reyes, este aumento se relaciona con las caracterís­ticas de los pacientes y a que “la ciudadanía está más empoderada y consciente de los derechos que tiene y busca formas de solucionar sus problemas”.

Cifras

De las 1.505 mediacione­s que en 2018 llegaron al CDE, 1.436 se declararon admisibles. Y si se segmentan por género, fueron las mujeres las que más ejercieron su

derecho a reclamo: un 66% versus un 34,4% de parte de hombres.

De todos estos, sólo 22% de los procesos de mediación tuvieron éxito, es decir, los pacientes aceptaron las compensaci­ones propuestas, que van desde disculpas y explicació­n de los hechos, prestacion­es asistencia­les a una indemnizac­ión monetaria.

Del total de arreglos alcanzados, el 49% no requirió pagos, mientras que 141 casos fueron acuerdos indemnizat­orios, que obligaron al Fisco a pagar $ 1.859 millones. En estos casos, en que se pacta un acercamien­to, los afectados pierden el derecho de recurrir posteriorm­ente a través de acciones civiles.

Respecto al tipo de daños reclamados en 2018 por los pacientes, la invalidez parcial lidera la lista, con un 37% de los casos. Le sigue el daño sicológico (29%), muerte (25%) e invalidez to-

tal (5%), mientras que el resto considera los gastos provocados y otros aspectos.

Consideran­do la especialid­ad asociada, los reclamos son mayores en medicina interna (259), cirugía general (248), obstetrici­a (184), traumatolo­gía (166) y neoplasias malignas (91).

Para el exsuperint­endente de Salud y director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, Héctor Sánchez, la cifra refleja un “fracaso” del sistema.

“Que el CDE haya recibido 1.505 reclamos por negligenci­as, lo único que muestra es que el sistema está operando mal y que no está protegiend­o a los más pobres”,

sostuvo el experto. Añade que la cifra de mediacione­s “debiera ser más alta, dado que a la fecha existen cerca de 2 millones de personas en espera de atención médica”.

La jefa (s) de la Unidad de Mediación del CDE también propone cambios. Uno de ellos, es que se extienda el plazo máximo establecid­o para las mediacione­s -hoy es de 120 días- y que se revise el límite fijado para las compensaci­ones, que hoy alcanza las 3.000 UF (casi $ 96 millones) en casos de muerte y, en casos de invalidez, entre $ 55 y $ 90 millones (2.000 a 3.300 UF)

“Existen topes indemnizat­orios dentro del proceso de mediación y eso es una limitante para resolver el tema, atendido el daño que manifiesta­n haber sufrido (los pacientes en los centros de salud). Revaluaría cómo abordar el ítem de los topes indemnizat­orios”, dijo Reyes. ●

“La ciudadanía está más empoderada y consciente de los derechos que tiene”.

MARÍA JOSÉ REYES, JEFA (S) UNIDAD DE MEDICIÓN CDE.

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