LA IMPORTANCIA DE CUIDAR EL ESTADO DE DERECHO

La autoridad debe evitar crear un clima de animadversión cuando hay litigios pendientes, porque ello lesiona el debido proceso.

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El fallo del Tribunal de la Libre Competencia que determinó la existencia de colusión en el mercado del pollo fresco por parte de tres cadenas de supermercados ha vuelto a reabrir la polémica frente a prácticas que dañan el bienestar social. La sentencia fijó multas que en conjunto suman US$ 12 millones, ante lo cual las tres cadenas -una de las cuales pertenece al mismo conglomerado que edita La Terceraanunciaron que apelarán de este fallo ante la Corte Suprema, pues niegan los cargos que se les han formulado.

Se trata entonces de una sentencia de primera instancia que no tendrá el carácter de ejecutoriada sino hasta que se resuelvan los recursos procesales pendientes. Mientras ello no ocurra, no cabe dar por establecido delitos o infracciones que eventualmente podrían ser revocados. Por ello aun cuando es explicable que la autoridad manifieste su molestia frente a una colusión -en realidad no podría ser de otra manera, porque dicha práctica lesiona la confianza en el libre mercado y daña a los más pobres-, en cambio es cuestionable que se precipite en dar por hecho un delito, creando un clima de animadversión que sesga el ambiente. Las palabras del ministro de Economía, quien señaló que “como gobierno nos da rabia que sigan ocurriendo estas conductas” -añadiendo que si la Corte Suprema confirma el fallo, el Sernac debe actuar para proteger el patrimonio de los consumidores-, van en esa inconveniente línea.

Las declaraciones de la autoridad resultan además poco rigurosas, porque se refieren a este caso como si esta eventual práctica se hubiese estado efectuando hasta hace muy poco, en circunstancias que se trata de situaciones que de acuerdo con el proceso habrían tenido lugar entre 2008 y 2011. Al caer en ese tipo de generalizaciones se produce una innecesaria animadversión hacia el empresariado, lo que desde luego no va acorde con el objetivo de dicho Ministerio en cuanto a crear un buen ambiente que favorezca la inversión.

Pero probablemente las declaraciones del Presidente de la República, quien junto con señalar que este caso constituye un “atentado moral contra el sistema”, expresó que si se confirma la sentencia “sería extraordinariamente grave y sin duda tienen que aplicarse las sanciones más severas”, revisten especial preocupación, ya que aparece como un llamado directo a la Corte Suprema. Cuando la máxima autoridad del país pide la aplicación de “penas máximas”, es evidente que las empresas enfrentan su legítima apelación cuesta arriba, porque para el máximo tribunal ahora se hace compleja la posibilidad de reducir o dejar sin efecto las multas.

Lo que ha ocurrido en este caso es ilustrativo sobre la importancia de respetar los principios esenciales del estado de derecho, que descansan en la certeza jurídica, la imparcialidad de las instituciones y las garantías a un debido proceso. La tendencia a emitir juicios por anticipado o buscar réditos a través de las redes sociales es un mal de nuestro tiempo, pero es más delicado cuando en ello incurre la propia autoridad, valiéndose del amplio poder mediático de que dispone.