Las 23 aristas investigadas por fraude en el Ejército
Servicios inexistentes, viajes irregulares y malversación de gastos reservados forman parte de la indagatoria de la magistrada. Debido a la gran cantidad de denuncias anónimas recibidas, la ministra evalúa abrir el cuaderno número 24.
En los últimos meses, la ministra en visita Romy Rutherford no ha parado de ordenar diligencias para seguir avanzando en la investigación por irregularidades en el Ejército. Según fuentes ligadas al proceso, el revuelo generado por la causa derivó en que la magistrada recibiera gran número de denuncias anónimas realizadas por civiles y militares, sobre hechos que podrían constituir nuevos delitos. Tanto así, que gracias a estas revelaciones la magistrada podría abrir una nueva línea de investigación.
Hasta el momento, el caso de fraude en el Ejército acumula 23 aristas y 36 personas procesadas. Según Cristián Cruz, abogado querellante en los ilícitos relacionados con la Ley Reservada del Cobre, esta cantidad de líneas investigativas reflejaría que el caso en su conjunto configuraría “una máquina para defraudar que ha sido constante y se ha expandido en muchas ramificaciones internas del Ejército”. A continuación entregamos un mapa del entramado de investigaciones que acumula el desfalco en la institución uniformada.
El origen
La mayoría de las aristas deriva de lo que se ha denominado como el cuaderno matriz, rotulado “Proveedor Raúl Fuentes Quintanilla”. Esta parte de la investigación consiste en el desvío de fondos que se realizó desde la Ley Reservada del Cobre para pagar servicios o adquisiciones “inexistentes” entre 2010 y 2014.
Según los procesamientos, aquí se recogen hechos relacionados con las facturas falsas emitidas a la sociedad Repuestos Automotrices Ltda., de propiedad de Raúl Fuentes Quintanilla y César Fuentes Campusano.
Hasta ahora se ha acreditado que en las glosas de esas boletas se anotaban reparaciones de piezas de vehículos militares por servicios prestados al Comando de Apoyo a la Fuerza. Cuando el proveedor entregaba la factura, los uniformados falseaban las firmas de las jefaturas, “generándose una apariencia de realidad y verdad”, según la resolución de la jueza.
Así, la Tesorería transfería los fondos a las cuentas respectivas “con cargo a la denominada Ley Reservada del Cobre” por servicios que no habrían existido, constituyéndose el eventual fraude que hasta ahora suma más de $ 6.100 millones.
Un sistema similar habría sido aplicado con otros proveedores, los que están desagregados en nueve cuadernos diferentes.
Existen tres aristas, rotuladas como Tecnodata I, II y III, que tienen que ver con la empresa proveedora de insumos computacionales del mismo nombre. El mecanismo habría sido similar al anterior, pero con la diferencia que los recursos salían de la Tesorería del Ejército y de la Tesorería del Estado Mayor General de la misma institución. Además, el dinero de las facturas falsas habría llegado a manos del procesado general (R) Jozo Santic y también se habría usado para regalos, cumpleaños y celebraciones.
Casos de generales
Uno de los cuadernos más controvertidos del entramado es el denominado “Empresas de turismo”. Esta arista tiene ocho procesados y se refiere al eventual mal uso de dinero fiscal por parte de oficiales, quienes realizaron viajes junto a sus familias a destinos como Orlando, Punta Cana, Miami y Los Angeles, antes o después de sus comisiones de servicio en países como EE.UU. y España.
Finalmente, existe un cuaderno titulado “F-A”. El nombre hace referencia a la
investigación que lleva la magistrada Rutherford en contra del excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba. En esta arista el general (R) es el único procesado, en calidad de autor, por una presunta malversación de caudales públicos que llega a cerca de $ 3.500 millones.
La resolución de la jueza dice que Fuente-Alba habría usado esos recursos para un fin distinto del legal. Según la normativa, deben ser utilizados para funciones de inteligencia, contrainteligencia y seguridad, pero el general (R) los habría empleado para costear necesidades personales y familiares.b