Deuda hospitalaria

Durante el 2018, el déficit de los hospitales del sector público se elevó por sobre los $ 801.000 millones, una cifra récord y que el propio ministro de Salud en el mes de abril había advertido que podría ocurrir. La cifra implica un incremento de 27% respecto del año anterior y considera una deuda con los proveedores de la salud de $ 358.000 millones, que aumentó 49% en ese periodo.

Si bien las razones aducidas por la autoridad están en una mayor productividad, resultado del aumento en la cantidad de servicios prestados -que a su juicio justificarían el 70% de esa deuda-, o el desajuste en los aranceles de las prestaciones por parte de Fonasa, a lo que se sumó un ajuste presupuestario producto de las medidas de austeridad fiscal, lo cierto es que el problema se ha transformado en una constante, y el monto aumenta año a año. Una situación que se hace más exigente por nuevos programas que se suman como el destinado a enfrentar el Cáncer y la detección de VIH, y una demanda por atenciones que no puede ser rechazada.

Por tal razón, y si bien hay un aumento presupuestario para el ejercicio actual, los compromisos estructurales hacen necesario racionalizar el uso de los recursos con una mayor profesionalización en la gestión de los recintos hospitalarios, utilizar criterios de mayor eficiencia en la entrega de las prestaciones, aumentar la coordinación entre los servicios y mejorar mecanismos de compras de insumos y medicamentos.

De esta forma, y más allá de las metas que se fije la autoridad en cuanto a bajar en 6% el déficit, que por cierto son bienvenidas, si no hay cambios de fondo en la gestión de los recursos ante necesidades que saben crecientes por nuevas coberturas y costos, entre otros, el problema se agudizará comprometiendo no solo la entrega y la calidad de los servicios sino que también la subsistencia de proveedores de la salud, que en algunos casos deben enfrentar retardos en el pago por sus servicios de más de 300 días.