Tren maya: el proyecto estrella del gobierno
Con un costo que podría llegar a US$ 8 mil millones, la idea es unir a cinco estados del sureste mexicano, conectando los principales centros turísticos y arqueológicos mayas.
José Luis Morales imagina cómo sería su vida si un tren pasara frente a su casa en Conhuas, la pequeña comunidad en la que vive. Este apicultor de 47 años fantasea con la idea de dar a conocer la belleza natural que lo rodea. Morales espera que este rincón de Campeche, en el sureste de México, sea conocido no solo por ser el principal exportador de miel del país, con más de 57 mil toneladas al año, sino que el aumento de visitantes signifique más fuentes laborales y la oportunidad de ser socios en el turismo.
El megaproyecto del Tren Maya no es una idea nueva, pero el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha posicionado y defendido como el plan estrella de su gobierno. AMLO espera construir y dejar funcionando los rieles de los 1500 kilómetros que pretende abarcar este ferrocarril, de los cuales 700 corresponden a vías que existieron hace décadas, pero que hasta ahora estaban en desuso. El proyecto, que costaría entre US$ 6.000 mil millones y US$ 8.000 mil millones, es la obra de infraestructura más importante del sexenio con el que el López Obrador pretende unir a cinco estados del sureste mexicano, a una velocidad de 160 km/h.
AMLO goza por ahora de una legi-
timidad que sus predecesores carecieron. En estos pueblos indígenas y rurales, la gente habla de él como si fuera un antiguo amigo de la familia, a quienes respetan y escuchan con atención. “Creo que López Obrador es diferente. Lo demostró con su campaña y no es corruptible. Creo que tiene la semilla del bien”, dice convencido José Luis Morales, rodeado de abejas y ataviado con un traje que lo protege de pies a cabeza.
En esta zona de la Península de Yucatán las visiones están divididas. La idea de contar con un transporte que conecte, pero sobre todo aumente el turismo, ha generado severas críticas y adhesiones entusiastas. La mayor parte de sus detractores ponen como ejemplo lo que ha pasado en Cancún, uno de los principales polos turísticos que genera millonarias ganancias anuales a empresas hoteleras internacionales, pero donde la población local apenas tiene una participación como empleada en el sector de servicios y restauración.
En un país que figura entre los 10 más visitados del mundo, con más de 17,3 millones de visitantes extranjeros, según cifras publicadas por la Secretaría de Turismo de México, el Tren Maya se ha planteado el desafío de trasladar a 3 millones de personas al año. Un número tan ambicioso
como preocupante en sectores como Bacalar, donde una laguna de siete colores atrae miles de visitantes, cuyo aumento del turismo en los últimos cinco años ha sobrepasado la infraestructura, ya que no existe un sistema de drenaje de aguas servidas y la población local reclama por la constante escasez de agua.
Para Pablo Careaga, que ejerce como enlace del Tren Maya en el tramo que va de Tulum a Bacalar, una de las zonas más pobres del país, asegura que el proyecto traerá ordenamiento territorial, pues no ha habido un desarrollo ordenado y parejo en la región, un área rica en biodiversidad y centros arqueológicos considerados patrimonios de la humanidad.
En las oficinas del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, organismo que lidera el desarrollo del megaproyecto, Careaga asegura que “más que proyecto de un tren, es un proyecto de reordenamiento del territorio en 4 ejes: ambiental, social, cultural y económico”.
Un Titanic terrestre
Mayusa González Cahuich, instructora de capacitación de la Comisión de DD.HH. del Estado de Quintana Roo, ve con desconfianza la construcción del tren, debido a la falta de información. En unas de las tantas mesas de trabajo en las que González Cahuich participó, los representantes de las organizaciones sociales y de las comunidades plantearon que si la construcción del tren es inevitable, que al menos se cumpla con los estándares internacionales.
Uno de ellos es el Convenio 169 de la OIT, respecto al derecho a los pueblos indígenas y tribales a una consulta previa, libre e informada para la aceptación o negación de cualquier proyecto que implique la utilización de su territorio, al que México suscribe y ha ratificado.
Si bien el gobierno anunció que las primeras licitaciones para su construcción comenzarán en abril, hasta ahora las comunidades indígenas de de Quintana Roo y Campeche saben cuándo o cómo se hará. “No queremos que sea un Titanic terrestre”, dice preocupada González Cahuich, refiriéndose al costo del proyecto.