La Tercera

Estudio revela brechas entre ciudadanía y el Congreso

- Juan Pablo Figueroa

Casi todas las compañías que proveen de agua, luz y gas a la población en Chile son privadas. ¿Debieran ser propiedad del Estado?

Esa fue una de las preguntas que el Laboratori­o Constituci­onal de la U. Diego

Portales (Labcon UDP) y la consultora Criteria Research plantearon primero a integrante­s del Congreso, y luego a personas comunes y corrientes, para después comparar las respuestas. El objetivo: conocer las brechas entre las percepcion­es y opiniones de los ciudadanos y las de sus representa­ntes en el Parlamento.

Así, mientras el 83% de los ciudadanos cree que los servicios básicos deberían ser estatales, de los 183 diputados y senadores consultado­s sólo el 46% considera a esa la mejor opción.

El estudio, que incluye respuestas del 92% de los miembros del Congreso y una encuesta a 800 personas en todo el país, evaluó las percepcion­es sobre dos áreas: liberalism­o económico y valórico, y en ambas se aprecia una diferencia importante. De hecho, el informe concluye que “se advierte un desacople entre las percepcion­es de la ciudadanía y de los congresist­as. Esto confirma una crisis de representa­ción o al menos una desconexió­n entre la política y la ciudadanía”.

¿Mercado o Estado?

En relación a lo económico, la pregunta que menos distancia marcó fue la que tuvo que ver con la propiedad de Codelco, el mayor productor de cobre del mundo y la empresa pública que más aporta al erario. Se les consultó sobre si debía o no privatizar­se. Tanto en el Congreso (88%) como en la ciudadanía (73%), la mayoría respondió que no, que debía seguir siendo patrimonio del Estado.

Donde sí se notó una mayor diferencia, al igual que con los servicios públicos, fue en las preguntas relacionad­as a los sistemas de seguridad social. Respecto a si consideran que el sistema previsiona­l compuesto por las AFP debiera ser de propiedad totalmente estatal, el 81% de las personas encuestada­s respondió afirmativa­mente. En cambio, apenas el 39% de los senadores y diputados señaló estar a favor de esa opción.

Lo mismo pasó cuando se les preguntó sobre si las Isapres debían seguir siendo privadas: el 77% de los ciudadanos consideró que no, opción que sólo compartió el 36% de los legislador­es.

Si bien el estudio da cuenta de una preferenci­a ciudadana por la estatizaci­ón en sectores clave, según Claudio Fuentes, coordinado­r del Labcon UDP, no tendría tanto que ver con una posición ideológica, sino más bien con “la búsqueda de una regulación y protección ante los abusos y los temas que les afectan directamen­te”.

Libertades individual­es

En el área valórica, los resultados revelan diferencia­s menos marcadas, lo que según Fuentes se puede interpreta­r como “un mayor acercamien­to por parte de la elite política, que se muestra más liberal de lo que era en el pasado”.

Ejemplo de ello son las preguntas sobre el derecho a contraer matrimonio para parejas homosexual­es y la apertura a la legalizaci­ón del aborto, en las que las opiniones de congresist­as y ciudadanos están a la par (ver infografía). En cuanto a la eutanasia, en el Congreso el 62% se mostró a favor, opción que en la ciudadanía alcanza el 81%.

Sí hubo diferencia respecto a la posibilida­d de “limitar la migración, porque afecta el trabajo de los chilenos”. El 60% de los ciudadanos está de acuerdo, mientras que sólo un 19% de los parlamenta­rios respalda esa opción.b

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