Efectos de ampliar la gratuidad
En lugar de seguir abogando por aumentar el gasto público en educación superior sería mejor reconsiderar los otros mecanismos que existen para cumplir con el objetivo de apoyar el acceso de quienes carecen de recursos propios.
Esta semana se conoció la cifra de 27 mil alumnos que superaron la duración nominal de su carrera y por lo tanto dejarán de ser beneficiarios de la gratuidad en la educación superior. Según establece la ley, ahora deberán compartir el pago del arancel con su casa de estudios, que solo podrá cobrarles la mitad del arancel regulado establecido por el Ministerio de Educación. Este hecho motivó que rectores de universidades suscritas a la gratuidad, así como parlamentarios de todos los sectores, solicitaran inmediatamente una modificación de la ley, de tal forma de extender el beneficio por un plazo mayor.
Ello, sin embargo, significaría tener que aumentar también los recursos destinados a la gratuidad y a la educación superior, que en los últimos años ya han crecido de forma sustantiva. Una gratuidad sin límites no es posible, y es momento de que rectores, parlamentarios y también los alumnos, lo entiendan. La provisión de educación tiene costos que alguien debe financiar, especialmente si el objetivo es avanzar en calidad. Seguir desconociendo esa realidad resulta obstinado e implica dejar de financiar otras necesidades que tiene el país y que hoy se encuentran sustancialmente más desatendidas, como por ejemplo la educación parvularia y los niños que se encuentran fuera del sistema escolar.
Pero, además, el diseño de la gratuidad -así como del resto de las ayudas estudiantiles- debe tener entre sus condiciones un plazo determinado, conocido por el beneficiario, quien debe estar consciente de que la ayuda del Estado no es eterna. De lo contrario, pueden generarse incentivos incorrectos, tal como ocurre en Argentina, donde los estudiantes tardan muchos años en completar sus programas y titularse, lo que obviamente va en perjuicio de la eficiencia del sistema.
Es decepcionante que conforme se avanza en la implementación de la gratuidad y se materializa alguna de sus consecuencias -como en su momento fue el déficit que ésta está generando a las universidades-, la única propuesta por parte de los rectores y parlamentarios sea aumentar aún más los aportes fiscales. Pues lo que hoy se requiere es precisamente lo contrario: generar alternativas de financiamiento costo efectivas, que no recaigan sobre el Estado, que ya está realizando un esfuerzo desproporcionado, y avanzar en formas de contener el alargamiento de las carreras que hoy encarece la provisión -independiente de quien sea el que la financie.
Así, en lugar de seguir abogando por aumentar el gasto público en educación superior, hoy debiera replantearse la gratuidad de manera desprejuiciada, tomando en serio las advertencias de diversos especialistas -algunas de las cuales ya se han ido cumpliendo. En ese sentido, una buena idea es reconsiderar los otros mecanismos que existen para cumplir con el objetivo de apoyar el acceso de quienes carecen de recursos propios, como becas y créditos, que no conllevan los perjuicios de estancar el sistema de educación superior a través de la fijación de precios, ni envían señales equivocadas a los estudiantes y universidades.