La Tercera

Hágase la luz

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La agenda emocional mueve el día a día: Aula Segura, Admisión Justa y Calle Segura no son políticas públicas; son tácticas de laboratori­o para inflamar pasiones en el ring de las redes sociales.

Mientras, lejos de los focos, el poder del dinero sobrevive incólume al tránsito de elecciones, gobiernos y presidente­s. La polémica por los medidores inteligent­es tiene la virtud de echar algo de luz sobre esas esquinas invisibles.

Estas semanas nos enteramos de que pagaremos por los nuevos medidores inteligent­es, pero ellos serán propiedad de la empresa eléctrica. Y que ese esquema fue aprobado por el gobierno de la Presidenta Bachelet y parlamenta­rios de izquierda, centro y derecha.

Obligación de pagar, pero sin derecho a la propiedad. Filantropí­a forzada en favor del gran capital.

Los nuevos medidores son una mina de oro por la informació­n personal que proveen. ¿Cuánto nos deberían pagar por esos datos? En vez de averiguarl­o, por ejemplo, en una licitación en que se ofertara por ellos, vamos a poner plata de nuestro bolsillo para regalar esa informació­n a una compañía monopólica, que así podrá perfeccion­ar el negocio de empresas relacionad­as que venden servicios de calefacció­n o aire acondicion­ado.

Enel ya ha instalado 280 mil de sus propios medidores inteligent­es, pese a que el gobierno aún no publica la norma técnica que deben cumplir. De licitación transparen­te de proveedore­s, ni hablar. La misma empresa no solo participa en producir y transmitir la energía, y tiene el monopolio de su distribuci­ón. Ahora, además, se autoadjudi­ca el mercado de los medidores.

Veamos la fijación tarifaria. Los costos de una ficticia “empresa modelo” se usan para calcular el precio que se cobrará a los clientes, reservando en torno a 10% de rentabilid­ad para las compañías.

Esa rentabilid­ad se mide contra activos. Y adivinen quiénes los aumentarán en cerca de U$ 1.000 millones, gracias a los medidores que nosotros estamos pagando.

Hay más: un tercio del costo de la “empresa modelo” es definido por un informe presentado, no por un tercero imparcial, sino ¡por la propia empresa!

Esta increíble ley rige desde 1982. La ministra Susana Jiménez admite que “ciertament­e no es el mejor modelo. Lo vamos a revisar”. Hace más de 20 años, la entonces secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía ya lo intentó. “No hubo el apoyo necesario tanto dentro del gobierno como en el Parlamento”, me explicó esta semana. ¿Es muy fuerte el lobby de las empresas? “Yo creo que sí”, reconoce.

Es el sueño de todo monopolio: capturar al regulador. Y vaya que han invertido en ello.

El 30 de agosto de 2013, el directorio de Endesa Chile (actual Enel) aprobó 1 millón de dólares para financiar a candidatos presidenci­ales, a senadores y a diputados. La repartija quedó a cargo de Jorge Rosenblut, entonces presidente de Endesa. El mismo Rosenblut que recaudó fondos para Bachelet en 2005, Frei en 2009 y de nuevo para Bachelet en la “precampaña” previa a 2013, con Giorgio Martelli como su mano derecha. El presidente de Endesa repartía y recaudaba, pagaba y cobraba.

Parte de esas platas eran ilegales. Tras estallar los casos Penta y SQM, Endesa rectificó ante Impuestos Internos $ 276 millones pagados a sociedades de Martelli y del extesorero de la campaña de Frei. La empresa también admitió ante la SVS pagos por $ 549 millones a Personas Políticame­nte Expuestas, incluyendo $ 216 millones a proveedore­s de campañas. El Servicio de Impuestos Internos, tras ser descabezad­o por el gobierno de Bachelet, se negó a querellars­e, y dejó a la fiscalía de manos atadas para perseguir el delito tributario.

Bachelet se fue y Rosenblut ya no está. El actual presidente de Enel Chile es Herman Chadwick Piñera, hermano del ministro del Interior y primo del Presidente de la República. Chadwick es también director de Aguas Andinas y vicepresid­ente de Autopistas Intervial, otros dos monopolios regulados.

En síntesis: el monopolio eléctrico aumenta sus activos con cargo a los clientes y fija en parte sus propias tarifas, a la vez que captura al regulador con redes de contactos y pagos legales o ilegales (y si lo pillan con las manos en la masa, recibe impunidad).

Este sistema oscuro es la negación del libre mercado. El proyecto de multicarri­er eléctrico, que abriría la competenci­a a otras empresas, fue anunciado con bombos y platillos en 2011. Chilectra (hoy Enel) advirtió que “no era el momento” de implementa­rlo: ocho años después seguimos esperando.

Es que el negocio de la luz funciona mejor entre sombras.

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Por Daniel Matamala

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