URGENCIA POR UNA INSTITUCIÓN AMBIENTAL MODERNA
Tras la decisión del TCVAL, es fundamental avanzar en la discusión que perfeccione el sistema para que dé plenas garantías a todos.
Recientemente se conoció la decisión de Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL)- empresa controlada por un fondo australiano, y quien se había adjudicado en 2013 la licitación por la concesión para construir y explotar el terminal 2 del Puerto de Valparaíso, por un período de 30 años- de hacer efectiva una cláusula de salida del contrato, y no continuar con el proyecto. Las razones aducidas responden a “las excesivas demoras —más allá de cualquier plazo razonable— en la tramitación ambiental del proyecto”, ya que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) se entregó en octubre de 2018 y la existencia de recursos que aún se encuentran pendientes no permite prever en cuánto tiempo existirá certeza jurídica en relación a esa certificación.
La decisión, más allá de las palabras del mandante, la Empresa Portuaria de Valparaíso, de que evaluará hacer una nueva licitación y continuar con el proyecto, atendiendo a que es titular de la RCA, introduce un factor de incertidumbre no solo respecto del impacto que generaría en el alicaído escenario laboral de Valparaíso, sino en la posibilidad de que en este escenario existan nuevos interesados que quieran postular a desarrollar el proyecto. Por lo mismo, no solo es relevante que exista un mejor y más oportuno accionar de las autoridades sectoriales en la adecuada evaluación de situaciones de esta naturaleza, y que se enfrenten con decisión, sino también es necesario que las autoridades y actores locales ejerzan sus facultades razonablemente, sin transformar los proyectos en causas al servicio de cálculos político-electorales.
Por otra parte, lo ocurrido se suma a otras iniciativas emblemáticas presentadas en los últimos años -basta ver el caso Dominga-, en que una institucionalidad ambiental que debe salvaguardar correctamente los derechos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, en la práctica da los espacios para que los procesos se eternicen, transformándose en un disuasivo para la inversión. El desarrollo no puede ser a costa de la destrucción del medio ambiente –como ha sido durante siglos-, pero una adecuada institucionalidad ambiental no es la que lo impide, sino la que lo condiciona para ser sostenible, de forma razonable, transparente y definida.
Y si bien el actual gobierno presentó un proyecto que busca modernizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que, entre otros, incorpora una participación anticipada de las comunidades y busca dar preeminencia al factor técnico por sobre el político, que permitiría avanzar en hacerlo más ágil, desde su ingreso, en julio de 2018, su tramitación no ha tenido movimientos significativos. Y, más allá de que nuevamente se le haya puesto urgencia, es fundamental que ahora sí se avance en una discusión que perfeccione el sistema, para que dé plenas garantías a todos, no solo a las comunidades, sino también al inversionista, que pueda tener certeza jurídica respecto de su proyecto, dentro de plazos razonables.