El mercado espera ajuste en el próximo IPoM del BC
Diputados admiten que debate por control preventivo genera “ambiente propicio” para acelerar iniciativa que restringe beneficios para adolescentes de 16 y 17 años.
La noche del 7 de septiembre de 2016, Joaquín Fernández Cáceres (18) caminaba por el centro de Rancagua. El estudiante del Liceo Óscar Castro iba de regreso a su casa tras sus clases de preuniversitario y, en el trayecto, jugaba con su celular la popular aplicación Pókemon Go. Eso, hasta que en la esquina de las avenidas Cachapoal y Ercilla el adolescente de iniciales D.A.A.S. (16) terminó con su vida, apuñalándolo en el pecho, al intentar robar su celular.
La indignación frente a esta tragedia originó un movimiento ciudadano que canalizó sus demandas en un proyecto de ley, presentado en la Cámara en noviembre de ese año por el diputado UDI Issa Kort, con apoyo de parlamentarios de su propia bancada y de RN, la DC y el PPD.
Aprobado y despachado al Senado en mayo de 2017, la llamada “Ley Joaquín” modifica el sistema de responsabilidad penal adolescente, haciendo una distinción entre los menores de 14 y 15 años, respecto de los de 16 y 17. Sobre estos últimos, al considerar que se trata de jóvenes con un mayor grado de discernimiento, se busca endurecer las sanciones, aumentando en un grado las penas aplicables y restringiendo los beneficios que no conducen a rehabilitación.
Además, en caso que se decrete la libertad de un joven imputado, esta se concretará bajo la modalidad de “libertad asistida especial” y se exigirá al juez informar, por escrito y en derecho, sus argumentos para tal decisión.
En medio de la discusión por la ampliación del control preventivo de identidad a menores de edad –iniciativa que será ingresada esta semana-, desde la UDI piden al Ejecutivo que se le aplique urgencia a la “Ley Joaquín”, ya que reconocen que “hay un ambiente propicio” para reactivar la discusión de ese proyecto, cuya tramitación está congelada en el Senado desde mayo de 2017.
“Las personas están cansadas de sentirse inseguras. El gobierno del Presidente Piñera ha entendido la urgencia con que tenemos que tomar medidas contra la delincuencia para responder a las necesidades de los chilenos y, en ese sentido, creemos que la Ley Joaquín nos permite avanzar en el sentido correcto”, dijo Kort. Y añadió: “Este proyecto recoge el sentir de la comunidad rancagüina. Fue un gran movimiento ciudadano el que se levantó para ser escuchados, para que, desde la política, impulsáramos las leyes que ellos realmente necesitan”.
Así, en la habitual reunión de coordinación legislativa que el ministro Gonzalo Blumel (Segpres) sostiene cada lunes con los parlamentarios de Chile Vamos, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) –coautor del proyecto- formalizará la solicitud de acelerar la iniciativa “para que este proyecto sea tramitado en el Senado y pueda ser despachado en los próximos meses”, según explicó.
“Queremos que las personas que ya son prácticamente adultos, que tienen entre 16 y 17 años, tengan un marco jurídico más duro para sancionar cuando cometen delitos, que se restrinja la forma en la cual se le otorgue libertad y que cumplan debidamente las condenas por los delitos que cometieron”, subrayó.