Lecciones de una expulsión
Un día de septiembre de 2013, un ciudadano colombiano ingresó a Chile por un paso no habilitado y se encaminó a Antofagasta para reunirse con su pareja, también extranjera, que ahí vivía. Pero la PDI lo pilló y, luego del procedimiento de rigor, la Intendencia de la Región de Antofagasta decretó su expulsión del país.
La expulsión de un extranjero que ha entrado ilegalmente es una decisión de orden y seguridad pública. Estas son materias propias de la autoridad política, como son el Ministerio del Interior y las intendencias que de él dependen. Para tomar esa decisión, deben sopesar los criterios que contempla la ley. Pueden, por ejemplo, imponer una multa al extranjero y dejar que regularice su estadía. O pueden depositarlo en la frontera. Una decisión política.
Hoy, el escenario legal de esta decisión está cambiando. Las intendencias van a desaparecer y la reforma de la ley de extranjería avanza en el Congreso. En razón del primer cambio, la autoridad en las regiones se duplica: habrá “delegados presidenciales regionales” y gobernadores regionales electos. Respecto del segundo, todo indica que se creará un Servicio Nacional de Migraciones, al que se busca dar un carácter técnico sujetándolo al Sistema de Alta Dirección Pública.
Imaginemos vigentes estos cambios. ¿En manos de quién quedaría el colombiano? ¿Del delegado regional presidencial, del gobernador regional electo o del Servicio Nacional de Migraciones?
El delegado presidencial regional será, en varios aspectos, el sucesor de los actuales intendentes. Estará a cargo del orden y seguridad y, por lo mismo, comandará la fuerza pública que podría ser necesaria para ejecutar la expulsión del país.
También podría ser el nuevo gobernador regional. Electo directamente por los ciudadanos de la región, será la autoridad regional con el respaldo y responsabilidad política más inmediata y evidente. Pero estas nuevas autoridades fueron privadas de competencias en orden y seguridad y, por esto, no tienen poder sobre la fuerza pública.
Queda el servicio. La reforma pone en manos de su director nacional la decisión de expulsar a los extranjeros irregulares, que puede delegar en los directores regionales.
Esto neutraliza el peligro que arriesga la reforma de las autoridades regionales: que el gobierno regional electo sea opuesto al gobierno central. Al depender del Presidente de la República, el servicio estará alineado con La Moneda. Pero se logra al costo de cargar un servicio que se quiere técnico con una decisión política, tomada por un funcionario que tendrá una conexión con la ciudadanía local aún más tenue que la que ésta tiene hoy con los intendentes nombrados en Santiago.
Esto último refleja el problema general que subyace en la forma bicéfala de las nuevas autoridades regionales: poder y responsabilidad no parecen ir bien de la mano.