Consignas que contaminan el debate tributario

Someter la política y la economía a lo “comunicacionalmente” atractivo sacrifica seriamente el potencial del país.

Cuando el Presidente de la República indicó que en nuestro sistema de tarificación todo lo que invierten las distribuidoras eléctricas termina siendo pagado por los clientes, se dijo que había sido un error comunicacional de la alta autoridad. Lo aseverado por el Presidente, sin embargo, era correcto, dado que las tarifas se definen de manera de otorgar un cierto retorno sobre la inversión efectuada por las compañías, sin subsidios, y bajo el supuesto que estas logran una determinada eficiencia. En este esquema de tarificación, los subsidios, de estimarse necesarios, se pueden otorgar a quienes interesa, lo que compatibiliza eficiencia en la generación de servicios públicos y subsidios de cargo fiscal adecuadamente focalizados. Pero, desgraciadamente, ya no resulta fácil, “comunicacionalmente”, mostrarse, como lo hiciera el Presidente, del lado de la eficiencia y la focalización en políticas sociales.

Aún más grave que la dificultad de los políticos para asociarse a conceptos como eficiencia y focalización, es cuando sostienen conceptos errados, que conducen a políticas negativas. Es el caso de la “progresividad” del régimen tributario de integración parcial introducido por el gobierno de Bachelet,y que la oposición, “comunicacionalmente”, esgrime hoy como verdad inamovible para trabar el proyecto de reforma tributaria.

El efecto de la integración completa que hoy propone el Ejecutivo (poder utilizar como crédito en el pago del impuesto de las personas el total de los impuestos pagados por las empresas sobre los ingresos que dieron origen a dividendos distribuidos

o retiros de utilidades) es reducir la tributación final que afecta a quienes derivan ingresos del capital. Se busca que esa menor tributación final estimule un grado adicional de capitalización en la economía, que haría subir los salarios. La opción real es entre más impuestos finales a los ingresos del capital, y menores salarios; o menos impuestos finales al capital y salarios más elevados. Suena contraintuitivo, pero es la conclusión más establecida en finanzas públicas, cuando se discute el impacto de subir los impuestos a las rentas empresariales en una economía pequeña y abierta: una vez ajustada la economía a esos mayores impuestos, la contrapartida de la mayor recaudación fiscal son salarios más bajos. Salvo en el muy corto plazo, no hay “progresividad” tras un aumento de impuestos a las rentas del capital como el que introdujo la Nueva Mayoría; lo pagan los trabajadores.

¿Puede ser que los técnicos de la oposición no conozcan esta verdad de las finanzas públicas? Es poco probable que todos la ignoren. Tal vez algunos crean que no todo el impuesto recae sobre los trabajadores. O que el corto plazo no es tan corto. O estén dando valor a teorías menos establecidas. Pero de ahí a sostener que los impuestos a los ingresos del capital son permanentemente progresivos y movilizar a la oposición tras esta consigna, hay una gran distancia. Someter la política y la economía a lo “comunicacionalmente” atractivo sacrifica seriamente el potencial del país. Hoy, las trabas al proyecto de reforma tributaria del Ejecutivo, están postergando la posibilidad de mejorar las remuneraciones de los trabajadores.