Consejo de Rectores y gratuidad
Es tiempo que las universidades analicen otras fuentes de financiamiento sostenible que les den mayor independencia del Fisco.
Por primera vez, el Consejo de Rectores (Cruch) admitió a dos nuevos integrantes: las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado. En primera instancia, ésta podría ser una buena oportunidad para otorgar a este organismo una mayor representatividad de las diversas universidades que conforman el sistema de educación superior.
No obstante, en las primeras declaraciones de ambos rectores tras su ingreso al Cruch, quedó la sensación de que ello podría ser sólo una ilusión y que, en cambio, la inclusión de estas dos nuevas universidades podría terminar siendo simplemente una forma de legitimar el mismo actuar que ya venía mostrando el conglomerado, más preocupado de cuidar sus propios intereses financieros que de contribuir al desarrollo del sistema educativo en su conjunto.
Aunque los rectores de la UDP y UAH plantean tímidamente la posibilidad de avanzar en un sistema de crédito solidario -en línea con el proyecto presentado por el gobierno-, en términos generales se mantienen en la
misma senda que sus pares más antiguos, al exigir que sea el gobierno quien revise la política de gratuidad y proponga soluciones. “El Ejecutivo no puede eludir el problema y su deber es proponer una solución”, advirtieron.
Asimismo, que el primer tema mencionado haya sido la gratuidad y que lo que se haya planteado es que el gobierno debe ser el que resuelva el problema actual, no es una buena señal. La gratuidad fue una política que se formuló con la aprobación y apoyo de los rectores que luego adhirieron voluntariamente a ella. De hecho, hay otras instituciones que, ante la incertidumbre, decidieron mantenerse al margen de esta política, asumiendo el costo que ello podía implicarles en menores postulaciones y en el hecho de tener que competir con una desventaja indiscutible debido al nulo apoyo de recursos fiscales. Es tiempo que los rectores del Cruch se hagan cargo de las decisiones que tomaron de manera libre y voluntaria, en lugar de continuar presionando al Ministerio de Educación y pretender que el Estado siga aumentando los cuantiosos recursos que ya entrega a este nivel educativo.
El afán que hasta ahora han mostrado los rectores por conseguir más recursos públicos vía gratuidad es una mala idea, pues ésta es una política deficitaria por construcción, en la medida que depende en último término del presupuesto fiscal, lo que obviamente no tiene una correlación con la demanda de las instituciones. Por ello, en lugar de insistir con la gratuidad, lo razonable es buscar mecanismos alternativos.
El gobierno, por su parte, ya presentó un proyecto que crea un nuevo crédito estudiantil, el que si bien es perfectible, constituye un buen punto de partida para avanzar en esta materia. Ahora corresponde que las universidades analicen también otras fuentes de financiamiento sostenible que les den mayor independencia del Fisco. En esa línea, sería valorable que los rectores comenzaran a demostrar una mirada integral del sistema de educación superior, pues esa es la actitud que se espera del Cruch.