La Tercera

CONTRALORÍ­A Y MUNICIPALI­DADES

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SEÑOR DIRECTOR

La Contralorí­a General de la República tiene un deber constituci­onal de fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos de las municipali­dades. Este órgano, encargado de velar que las institucio­nes públicas utilicen eficiente, eficaz y legalmente los recursos de los chilenos, gastó millones de pesos en auditorias sin criterio uniforme, sin apego a la ley y sin aplicar normas básicas de contabilid­ad. En breves palabras, las auditorias están mal hechas y no sirven para evaluar la inversión de los recursos Municipale­s.

En este actuar negligente, algunos han señalado que habría ensañamien­to político de Contralorí­a al realizar estas auditorias, las cuales resultaron en abultados números para algunos municipios (supuesto déficit de 20 y 17 mil millones de pesos en La Florida y Viña del Mar, respectiva­mente). Sea como fuere, lo realmente lacerante es el descrédito en que queda una institució­n fundamenta­l, que debiese caracteriz­arse por la prolijidad. Este golpe a la institucio­nalidad debe hacer diáfano a todos una premisa vital para un país que trabaja intensamen­te por modernizar el Estado: la corrupción no consiste solamente en favorecer arbitraria­mente a un aliado político. La corrupción grave y profunda que deteriora cada día al Estado de Chile es el trabajo mal hecho. René Tapia Herrera Investigad­or Instituto Res Publica

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