La Tercera

Ministros serán susceptibl­es de examen de drogas

- Ximena Soto

Como parte de la aplicación de las leyes 18.575 y 20.000, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilita­ción del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) realizará, como todos los años, muestreos aleatorios en 40 institucio­nes públicas para someter a autoridade­s y funcionari­os a un examen de drogas.

Así, ministros, subsecreta­rios, jefes de servicios, intendente­s, gobernador­es, alcaldes, concejales, consejeros del Banco Central y jueces podrían ser requeridos en las próximas semanas para someterse al test.

Para ello, el Senda ya inició el proceso de 2019, que contempla, en primer lugar, el envío de oficios a las diversas autoridade­s sujetas a esta legislació­n, con el fin de informarle­s del desarrollo de estos procedimie­ntos. A su vez, los organismos deben designar un encargado interno e informar al servicio quién será esta contrapart­e. Así lo confirmó a La Tercera PM el director de Senda, Carlos Charme, quien detalló que en cada institució­n entre 10 y 15 funcionari­os selecciona­dos aleatoriam­ente deberán someterse a los test. Este año se espera que entre 350 y 450 funcionari­os públicos pasarán por este proceso.

Respecto de los plazos, Charme informó que el próximo 29 de abril se publicarán

350

FUNCIONARI­OS públicos, como mínimo, se someterían al test de droga este año.

las bases para una licitación que permita la contrataci­ón de una empresa externa encargada de la toma de muestras, mientras que, ante notario y por sorteo, el Senda deberá selecciona­r 40 institucio­nes públicas que serán sometidas al procedimie­nto, y otras 40 que quedarán como “suplentes”, de manera de “cubrir el máximo de exámenes posibles”.

Charme explicó que quienes arrojen positivo “tienen un tiempo para exponer qué es lo que están consumiend­o, lo que es evaluado por una comisión que determina si es acogida o no su aclaración”. Esto, consideran­do aquellos casos de personas que consumen drogas lícitas, como antidepres­ivos o ansiolític­os. Si la aclaración no es acogida, la ley exige que se someta a un tratamient­o. ●

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