Australia en guerra contra las redes sociales
La transmisión en vivo por Facebook del tiroteo en Nueva Zelandia, que dejó 50 muertos, ha puesto en debate los alcances que pueden tener las plataformas online. Multas y cárcel para los ejecutivos de las compañías son algunas de las primeras medidas apro
En tiempos de altos flujos de contenidos digitales que dan vueltas y vueltas en plataformas online, que no parecen tener límites, de inmediata difusión y de fácil acceso, Australia ha decidido dar el primero paso en establecer fuertes sanciones por el tipo de contenido que se comparte.
El video en vivo, de 17 minutos de duración, publicado en Facebook por el autor del tiroteo en dos mezquitas en Nueva Zelandia, que dejó 50 muertos el 15 de marzo, encendió las alarmas. El video se convirtió en viral y se instaló fácilmente en millones de celulares. La difusión tomó apenas un par de minutos.
“Los medios de comunicación no pueden retransmitir en directo el horror de Christchurch u otros crímenes violentos, y las redes sociales tampoco deberían hacerlo”, señaló ayer en un comunicado el ministro de Comunicaciones de Australia, Mitch Fifield. “Si una red social no toma medidas para parar una retransmisión en directo de este tipo de violencia, debería enfrentarse a un fuerte castigo y esto es lo que ocurrirá ahora, cuando esta ley entre en vigor”, añadió Fifield.
“La primera en el mundo”
El Parlamento australiano aprobó ayer la legislación que establece penas de prisión de hasta tres años para los ejecutivos de las compañías tecnológicas, como Facebook, Twitter y YouTube, que no eliminen “expeditamente” los contenidos de actos terroristas, asesinatos, violaciones, torturas o secuestros. En el mejor de los casos, las compañías serían multadas con hasta US$ 7,5 millones o el 10% de la facturación anual de la plataforma.
El proyecto de ley, denominado “Compartir material violento abominable”, incluye también que las plataformas en cualquier lugar del mundo notifiquen a la Policía Federal australiana si perciben que se están transmitiendo estos contenidos a través de sus servicios en el país. De lo contrario, se arriesgan en ese caso a multas de hasta 840.000 dólares australianos (US$ 600 mil).
El fiscal general australiano, Christian Porter, definió la nueva legislación como “muy probablemente la primera en el mundo”.
El descontento por parte de la industria se ha manifestado, principalmente, porque la legislación fue aprobada rápidamente, sin consultas técnicas. La asociación Digital Industry Group (DIGI), que representa a Google, Facebook, Twitter y Amazon en Australia, advirtió que el proyecto de ley tuvo su visto bueno sin una consulta significativa, y amenaza con imponer sanciones a las empresas de tecnología por el contenido creado por los usuarios.
La directora general de DIGI, Sunita Bose, dijo en un comunicado que “esta ley, que fue concebida y aprobada en cinco días sin ninguna consulta significativa, no hace nada para abordar el discurso de odio, que fue la motivación fundamental de los trágicos ataques terroristas de Christchurch”.
Sin embargo, no solo las compañías tecnológicas no están contentas con este proyecto. Si bien la ley fue aprobada por el oficialista Partido Conservador con el apoyo de la oposición laborista, el portavoz de esta formación para asuntos de la Fiscalía, Mark Dreyfus, declaró que si ganan las elecciones de este año, la ley será enviada a comités parlamentarios de inteligencia y seguridad para enmendarla, ya que tendría “fallas en muchos aspectos”.
El presidente del Consejo Legal de Australia, Arthur Moses, advirtió que “las redes sociales podrían dejar de ser útiles para denunciar atrocidades cometidas alrededor del mundo, porque las compañías serían requeridas a retirar ciertos contenidos por miedo a sanciones”.
Pese a que países como Reino Unido, Francia, Alemania y Nueva Zelandia también buscan endurecer sus leyes para compañías de redes sociales, The New York Times señaló que ninguna democracia estable se ha acercado tanto a la aplicación de restricciones tan radicales para los contenidos en línea. En Alemania, por ejemplo, las empresas que sistemáticamente no eliminen el contenido “obviamente ilegal” dentro de 24 horas enfrentan multas de hasta US$ 56 millones.
De todos modos, las compañías ya se preparaban para estas estrictas medidas de vigilancia. Google contrató a 10 mil revisores encargados de detectar contenido controvertido. Facebook también ha dicho que contratará a decenas de miles de empleados más para detectar y eliminar contenido que viole sus reglas.