POLÉMICO CONTROL PREVENTIVO DE IDENTIDAD
Una medida como ésta será ineficaz si a la par no se fortalecen la autoridad de las policías y las capacidades de prevención del delito.
7 EDITORIALES
Este martes ingresó al Congreso Nacional el anunciado proyecto de ley del gobierno que tiene por objeto “fortalecer y regular con mayor profundidad” el control de identidad, para dotar a las policías de mayores facultades en el combate a la delincuencia. La iniciativa, por una parte, refuerza el control investigativo, introduciendo hipótesis que permiten ejercer dicha facultad –subsanando de esta manera definiciones que anteriormente han permitido declarar ilegales estos procedimientos- y, por otra, introduce atribuciones que amplían el control preventivo para hacer un registro superficial de vestimentas en ciertos casos y apertura del equipaje. Probablemente, el punto más controversial es que extiende el control de identidad a menores desde los 14 años.
El proyecto parece sintonizar bien con el sentir ciudadano, ya que un reciente estudio de opinión señala que esta iniciativa recibe en general un 70% de aprobación. Aun así, será necesario un trabajo legislativo mucho más acabado para lograr superar las legítimas diferencias que existen respecto de la conveniencia de haber incorporado a los menores de edad. Es acertado, en todo caso, que el Ejecutivo se haya abierto a recoger algunas de las críticas respecto de lo que proponía inicialmente, al no extender facultades propias del control investigativo al preventivo, y de limitar aquel ejercicio excluyendo el registro del vestuario en el caso de menores.
En materia de control investigativo las hipótesis
que se introducen parecen razonables, pero es esencial que el debate legislativo permita precisarlas y perfeccionarlas, asegurando que se traduzcan en medios para una mayor eficacia policial, y con la debida salvaguarda de los derechos y libertades individuales, evitando espacios para la arbitrariedad, un riesgo del que no están exentos los agentes policiales.
Sin embargo, es importante que el gobierno no se quede en el efectismo que generan estas medidas, y asuma con decisión una respuesta más global. En tal sentido, no cabe perder de vista que la razón de por qué la ciudadanía brinda tan alto nivel de respaldo al control preventivo, previsiblemente responde al hecho de que la delincuencia sigue siendo uno de las principales problemas de la población, y de allí la necesidad de focalizar los esfuerzos en medidas integrales. Si bien es un hecho que la participación de menores en delitos de alta connotación ha aumentado y, en tal sentido, extender un control preventivo bien regulado puede ser útil, los resultados en el combate a la delincuencia seguirán siendo insuficientes si no se fortalecen las capacidades y autoridad de las policías -este último punto resulta crucial, porque una autoridad debilitada resiente a su vez la capacidad de hacer cumplir el estado derecho-, así como mejorar los niveles de inteligencia y prevención para desarticular bandas criminales. También le cabe al Ministerio Público un rol mucho más activo, a fin de asegurar que los responsables de delitos encuentren una adecuada sanción ante la justicia.