Críticas a fiscalizaciones de Contraloría
Es indispensable que el organismo aclare en detalle los criterios que ha utilizado para fiscalizar a distintos municipios.
Los antecedentes que fueron dados a conocer por este medio, en cuanto a las inconsistencias que presentarían diversos procesos de fiscalización a municipios llevados a cabo por parte de la Contraloría General de la República (CGR), han generado diversas reacciones en el ámbito político, y por cierto han provocado un justificado desconcierto en la ciudadanía.
El origen del problema radicaría en que las contralorías regionales no estaban utilizando una metodología única al momento de fiscalizar a los municipios, de modo que los déficit podían presentar variaciones sustanciales según la fórmula aplicada. Así, en algunos casos no se incluyó el saldo inicial de caja, o en otros no se consideraron los ingresos devengados, y en cambio el cálculo de déficit se hizo con los ingresos percibidos hasta la fecha en que se llevó a cabo la fiscalización.
Como resultado de estos procesos, diversos municipios han figurado con abultados déficits, como el caso de La Florida -cuyo alcalde ha sido suspendido temporalmente- o Viña del Mar, que aparece con un saldo en contra de $ 17 mil millones, lo que motivó que la alcaldesa fuera objeto de una petición de renuncia por parte de algunos miembros del consejo municipal. Otros ediles también han hecho ver que se sienten injustamente perjudicados a raíz de estas indagaciones, casos que probablemente ameritarían una revisión para despejar cualquier suspicacia o posible error.
El contralor ha defendido el actuar de la institución, desestimando que existan metodologías distintas, así como cualquier sesgo, argumentando
que han sido fiscalizados más municipios de la Nueva Mayoría que de Chile Vamos. También se han esgrimido criterios descentralizadores para explicar el porqué las contralorías regionales emplearían fórmulas diferentes, cuestión que desde luego no hace sentido, ya que brindar espacios de autonomía a los fiscalizadores regionales en ningún caso podría justificar que se lleguen a resultados alejados de la realidad o que no guarden consistencia con principios elementales de la contabilidad.
Los reiterados traspiés en que se ha visto involucrada la Contraloría en el último tiempo -uno de los más llamativos es el revés judicial que el contralor experimentó en tribunales al intentar remover sin éxito a la actual subcontralora-, no dejan margen para que situaciones de esta naturaleza sigan ocurriendo, pues los riesgos que supone la pérdida de confiabilidad de un ente clave para asegurar la probidad en el sector público son incalculables; de allí la necesidad de que la institución explique en detalle -y mucho más fundadamentelos criterios utilizados en estos cuestionados procesos de fiscalización.
Con todo, es desafortunado que este delicado momento se vea teñido con amenazas de una acusación constitucional por parte de sectores del oficialismo, ya que ello introduce un inconveniente grado de politización. Solo una vez que todos los antecedentes sean debidamente ponderados cabrá hacer exigibles eventuales responsabilidades, sin perjuicio de que la CGR debe asegurar desde ya estándares metodológicos incuestionables.