U. de Chile demanda a inmobiliaria responsable de edificios y de sede de la U. San Sebastián en Bellavista
Acción judicial acusa diversas infracciones urbanísticas por lo que se solicita anular los permisos de construcción y se pide la demolición de pisos que excederían lo legal.
“Buscamos que se restablezca el imperio del Derecho y que se anulen los permisos obtenidos ilegalmente”.
PABLO RUIZ-TAGLE DECANO FACULTAD DE DERECHO U. DE CHILE
Una semana después de que fuera presentada -el viernes 29 de marzo- una demanda avalada por representantes de los tres estamentos de la Universidad de Chile –docentes, funcionarios y estudiantes- en contra de la empresa Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A. responsable de la construcción de dos edificios y la sede de la Universidad San Sebastián ubicados en el paño que se encuentra en las calles Pío Nono y Bellavista, la acción judicial fue acogida a trámite ayer, por lo que se deben paralizar las obras hasta que ésta se resuelva.
La Universidad de Chile acusa que esas construcciones violarían la ley urbanística debido a que los edificios destinados a vivienda se elevaron “a más del doble de altura de lo legalmente permitido”.
La demanda -impulsada inicialmente por la Facultad de Derecho- fue presentada en el 23° Juzgado Civil de Santiago y en ella se solicita que se anulen los “permisos ilegales” otorgados por la Municipalidad de Recoleta al denominado “Conjunto Armónico Bellavista”, los que permitieron aprobar la construcción de torres de 19 pisos cada una, más un establecimiento educacional.
Según consta en la demanda, el plan regulador de Recoleta solo permitiría una altura máxima de nueve pisos. Además, los demandantes solicitan que se ordene demoler las “obras irregulares”, que corresponden a nueve de los 19 pisos de la torre de vivienda que ya está construida y que aún no es recepcionada por la municipalidad de Recoleta y por la cual el edil de esa comuna, Daniel Jadue, mantiene una dura disputa con la inmobiliaria.
Asimismo, se agrega que la sede de la Universidad San Sebastián tendría 9,4 metros de altura que exceden lo legal.
“El edificio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, un edificio patrimonialmente reconocido y protegido, ícono del Barrio Bellavista, es, probablemente, el más damnificado con la construcción de un proyecto inmobiliario que, simplemente, no respetó y despreció la escala de barrio”, se lee en la demanda.
La Universidad de Chile incluye en la acción legal a la Municipalidad de Recoleta, representada en el alcalde Jadue, por “las irregularidades cometidas en la entrega de los permisos de edificación”.
La demanda fue presentada en los tribunales civiles, está firmada por el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, y es patrocinada por el decano de la Facultad de Derecho, Pablo Ruiz-Tagle, la vicedecana, Renée Rivero, además de representantes de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile y el Centro de Estudiantes de Derecho.
Infracciones a la ley
El libelo agrega que las construcciones de la inmobiliaria habrían violado la legislación ambiental, debido a que se “eludió” el impacto en el barrio y no se tomó en cuenta “la congestión en términos de población, el aumento de congestión y contaminación, y protección de zonas de interés patrimonial y turístico”.
Además, los demandantes agregan que las obras “vulneran las normas de protección patrimonial, afectando a edificios históricos, como lo estableció la Contraloría General de la República”. En ese sentido, el texto agrega una resolución de Contraloría que “durante la construcción del proyecto inmobiliario se hallaron restos bioantropológicos en torno a la Capilla Nuestra Señora de la Victoria, lugar contiguo a la zona de excavación donde se erigió el referido conjunto, no constando la disposición y conservación de éstos”.
Por último, se agrega que los edificios violaron las leyes sobre bienes nacionales y vialidades, autorizando más de mil estacionamientos subterráneos con una rampa de acceso construida en medio de la calle Pío Nono y a un costado de la Universidad San Sebastián. Los demandantes alegan que “se apropiaron para fines privados de un bien nacional de uso público”.