Informe de INDH revela crítica situación de cárceles chilenas
El tercer estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que revisó las condiciones de la mitad de los centros penitenciarios, encontró falta de camas y distintas plagas.
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“Los camarotes llegan hasta a cuatro niveles. Hay alrededor de 60 centímetros entre las literas. En algunos colectivos los internos dicen que duermen hasta en los baños ubicados al interior de las celdas, instalando colchonetas para ello”. El testimonio habla sobre la realidad al interior de la cárcel de San Antonio, en la Región de Valparaíso, y forma parte del centenar de relatos que contiene el tercer Estudio de las Condiciones Carcelarias en Chile (20162017) elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
El documento de 153 páginas, al que accedió La Tercera, da cuenta del recorrido hecho por los funcionarios de la institución en 40 centros de detención a nivel nacional, donde están recluidas 5.417 personas (no se consideraron penales concesionados). A nivel nacional existen 84 cárceles.
Se determinó que la falta de camas para los internos es algo común en los recintos penitenciarios. Tanto así que uno de cada dos hombres privados de libertad (51,3%) no tiene la posibilidad de contar con un espacio propio para dormir. Mientras, en el caso de las mujeres, esta cifra es de una cada tres (35,7%).
Del total de establecimientos que fueron parte del análisis, 26 no contaban con suficientes camas (cinco de ellos son recintos femeninos). Esto va de la mano a los niveles de hacinamiento en el sistema. De los recintos examinados, 22 tienen una ocupación superior al 100% de la capacidad.
“En la celda de imputados primerizos hay 19 camas, pero duermen 24 personas en dichas camas. No hay espacio en la celda para instalar más”, indica el reporte sobre la cárcel Yumbel.
El análisis aborda diferentes aspectos sobre las instalaciones y calidad de vida que llevan las casi 50 mil personas privadas de libertad, con especial énfasis en comprobar el cumplimiento de los estándares
internacionales de derechos humanos.
Atención médica
El documento pone énfasis en los servicios médicos. En este sentido, dan cuenta del número de profesionales de la salud disponibles en las cárceles. Según se detalla, en promedio, hay un funcionario por cada 49 presos. Sin embargo, esta cifra varía drásticamente según cada lugar. El Centro de Cumplimiento Penal de Los Andes tiene un facultativo por cada 187 internos, la proporción más alta del país. En contraste, se encuentran recintos como Porvenir, Región de Magallanes, y Punta Peuco, en la Región Metropolitana. En el caso de la comuna austral, el penal tiene un profesional por cada cuatro personas, en tanto, el lugar dispuesto para exuniformados condenados por violaciones a los derechos humanos tiene uno por cada 12 reos. En cambio, “el Centro de Detención Preventivo de Combarbalá, Región de Coquimbo, no dispone de instalaciones de enfermería. Solo se puede mencionar la visita de una paramédica una vez a la semana o cada quince días”, indica el informe.
Habitabilidad
El estudio da cuenta que las celdas y módulos presentan elementos estructurales con carencias en uno o más aspectos, en el 90% de las unidades observadas. Por ejemplo, sobre el Centro de Cumplimiento Penal de Victoria, en La Araucanía, se señala que las celdas “son de concreto con catres y literas de metal adheridas a la pared. No cuentan con baños ni calefacción (...) las celdas no tienen ventanas, por lo cual la circulación de aire es deficiente. Las celdas tienen mucha humedad, se percibe el mal olor y no hay luz natural. Se observan botellas o recipientes plásticos para orinar por parte de los ocupantes”.
De los 40 penales, 24 no tienen acceso a baño ni agua potable las 24 horas. Además, el documento asegura que en los servicios higiénicos se constatan desagües tapados o estancados, falta de limpieza, humedad, hongos, filtraciones y escasez de ventilación, entre otros. De todos
los recintos, solo se constató acceso a agua caliente en siete de ellos. En cuanto a calefacción, esta solo se apreció en Cochrane y Porvenir, o en unidades especiales de otros cuatro penales.
El reporte identificó la existencia de plagas en diez establecimientos, aunque se enfatiza que en algunas unidades no se detectaron porque no son visibles en este momento o las personas no dieron testimonio sobre su existencia. “En algunos dormitorios se observan plagas de vinchucas y chinches, los que circulan permanentemente
en el suelo y los muros. En el colectivo de imputados reincidentes los reclusos revelan la presencia de ratones”, indica el documento sobre el Centro de Detención Preventiva de Talagante, en la Región Metropolitana.
Reacciones
Nelly León, capellana de la Cárcel de Mujeres de San Joaquín, consideró “lamentable que en el 2019 aún estemos hablando sobre de las condiciones de habitabilidad de las cárceles, cuando deberíamos estar jugándonos por la reinserción de los
presos”.
Joe González, secretario nacional de la Asociación de Suboficiales y Gendarmes, señaló que las carencias del sistema no han sido abordadas con la urgencia requerida. “El Estado debe hacerse cargo del problema en dos frentes, uno en relación a la población penal, y el segundo en personal de Gendarmería. Es momento que la autoridad ejecute medidas concretas. Son varios actores que están denunciando una situación evidente y esta crisis debería preocuparnos a todos”.b