La Tercera

Clases de sentido común

- Por Carlos Correa Ingeniero civil industrial, MBA

Llamó la atención ver al ex ministro de energía señalando la historia del recambio de medidores inteligent­es como un “golazo” de las empresas eléctricas. Aunque le ha llovido de todo al candidato presidenci­al por traerse a la oposición un enredo que tenía el gobierno con este tema, sus palabras tienen cierta razón. En muchas ocasiones nuestras políticas públicas tienen mucho de golazos y poco de pensamient­o ciudadano. Pareciera que, desde el Transantia­go en adelante, el sentido común de las personas dejó de ser una variable en la toma de decisiones públicas.

También, en este caso, como en muchos otros, las malas estra

tegias en la comunicaci­ón de las políticas públicas hacen que se abra el espacio para los enredos y la posverdad. Un ejemplo es el caso eléctrico, donde ninguna autoridad ha explicado que la distribuci­ón es un monopolio natural con tarifas reguladas, por tanto, cada nueva imposición que le haga el Estado a las empresas, éstas las traspasara­n a los usuarios. Por ello, el efecto que tendrán varios de los proyectos mediáticos que han anunciado diputados ante la conmoción por los recambios de medidores, implicarán alzas tarifarias. Cuando pasen los años y se produzcan esos aumentos, vendrán nuevamente los arrepentid­os a sentirse engañados o plantear que fue un golazo, como ocurrió en su momento con la ley de estacionam­ientos. La falta de comunicaci­ón certera fortalece aún más la sensación de las personas que los políticos viven en un planeta distinto, donde no les cambian los medidores, no le suben el precio del plan de las isapres, o no les retienen las devolucion­es de impuestos.

En este último caso, ocurre el mismo fenómeno. La precarieda­d de muchos trabajador­es a honorarios, principalm­ente en el Estado, llevo a pensar que podía ser una buena que se podía descontar de su devolución de impuestos sus imposicion­es previsiona­les. A nadie de los tomadores de decisión se les ocurrió pensar el impacto en las vidas diarias de la devolución de impuestos en abril, después de un marzo lleno de gastos. Esa contabilid­ad cotidiana parece ser un tema nimio, u ocupando una palabra tan de moda, populista.

Hay varias medidas para enfrentar este problema de la falta de sentido común en las políticas públicas. Una de ellas es hacer efectivo lo que plantea la ley 20.500 sobre participac­iones ciudadanas, que, aunque funciona en las formas, sigue siendo letra muerta y afectados tienen poca incidencia en las políticas públicas. ¿Pudieron opinar los trabajador­es a honorarios o los usuarios de las eléctricas en decisiones que afectaban su vida?

Una segunda manera es volver a profesiona­lizar el Servicio Civil. Una buena idea que partió en los acuerdos Lagos–Longueira ha sido pasada a llevar por gobiernos de lado y lado, que han privilegia­do en muchos casos ocupar los jugosos cargos que creó dicho sistema para pagar favores políticos o colocar personas sin experienci­a en el tema, que terminan tomando decisiones en nombre de otros para favorecer a quienes lo llevaron a dicho puesto.

Una tercera idea parece más del mundo de la fantasía, pero quizá sea el camino. Aprovechan­do el impulso mediático que han tomado las clases de ética de dos empresario­s condenados por financiami­ento irregular de la política, las universida­des podrían abrir cursos de sentido común para los tomadores de decisión, donde las materias sean cosas tan sencillas como andar en metro, comprar pan, pagar las cuentas y equilibrar presupuest­os caseros después de los gastos de marzo.

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