Estado de derecho y magia negra
El estado de derecho, a ratos, parece no gozar de buena salud en Chile. Ello, como consecuencia de la débil comprensión que algunos actores tienen de los principios de juridicidad y legalidad, en especial en aquella parte en que nuestra Constitución establece que nadie puede atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente les confieren la Constitución o las leyes.
Solo ello explica la tensión institucional que se ha ido instalando con el accionar de quienes están llamados a velar por la preservación del estado de derecho. Los síntomas aparecieron hace tiempo, pero muchos cerraron los ojos, privilegiando ventajas políticas circunstanciales. Así, la existencia de investigaciones del Ministerio Público en materias de delitos tributarios sin una denuncia o querella del SII, conforme exigía el Código Tributario, permitió por años cuestionar ilegalmente el financiamiento de la política y dañar la confianza ciudadana. El uso frívolo de herramientas constitucionales, primero contra el Fiscal Nacional Jorge Abbott y luego contra tres miembros de la Corte Suprema, no hizo más que instalar la idea que una pretensión meramente voluntarista podía primar por sobre la vigencia del derecho. Poco importaba el mérito de las acusaciones, solo interesaba la señal política y el amedrentamiento implícito. En ese contexto se reveló la ilegal práctica policial de la implantación de pruebas, tanto en la operación Huracán como con la reciente formalización de una fiscal en San Fernando. A fin de cuentas, el fin parecía comenzar a justificar los medios.
Por lo mismo, solo era cosa de tiempo para que el proceso de erosión institucional alcanzara a la Contraloría y posiblemente a nuestro Poder Judicial. En el caso de la primera, el voluntarismo se evidenció en la ilegal remoción de la subcontralora, que enmendó la Corte Suprema, y ahora al constatar los serios defectos en las auditorías practicadas en diversos municipios del país, utilizando criterios caso a caso y no criterios contables, unificados y verificables.
En cuanto al Poder Judicial, los hechos acaecidos en la Corte de Apelaciones de Rancagua resumen en su propia trama la magnitud del problema. No solo es preocupante la posible existencia de tráfico de influencias, sino que también parece inquietante que la Fiscalía arremeta contra jueces llamados a fallar los casos que le interesan. Con todo, el insólito corolario es la filtración de antecedentes sobre la supuesta práctica de magia negra por un ministro indagado. Como no recordar el primer acto de Macbeth de Shakespeare, en el cual las brujas afirman “fair is foul, foul is fair”, es decir, en una traducción libre, “lo justo es turbio, y lo turbio es justo”, exiliando al derecho y la razón. El voluntarismo y la magia negra no son el camino para Chile; solo lo es el irrestricto apego al estado de derecho.