CORRECTO ÉNFASIS EN EDUCACIÓN PARVULARIA
El proyecto de gobierno para aumentar las subvenciones en establecimientos de formación temprana está bien orientado, si bien mantiene algunos sesgos que deberían corregirse.
En medio de las presiones por el incremento de los recursos públicos para la gratuidad de la educación superior, el gobierno ingresó un proyecto de ley que pretende trasladar el foco hacia el financiamiento de la educación parvularia. Tras la presentación de la iniciativa, y en alusión a dichas presiones, la ministra de Educación afirmó que “la prioridad es invertir recursos en educación parvularia”. Este hecho constituye una buena señal y se espera que realmente se persevere en ello, pues la idea está en línea con lo señalado por diversos especialistas, en cuanto a que es en los niveles iniciales donde se deben poner los mayores esfuerzos para evitar que las brechas educativas entre niños de distinta realidad socioeconómica se disparen. Es evidente que, frente a la existencia de restricciones presupuestarias, es aquí donde debiera destinarse cualquier recurso adicional del que se pueda disponer.
El proyecto propone un sistema de subvenciones
para los niveles medios a los que asisten los niños de dos a cuatro años, entre los cuales la cobertura se encuentra todavía muy por debajo de los estándares internacionales. Además de una subvención base, la iniciativa considera una subvención especial por vulnerabilidad y una adicional de apoyo a los alumnos con necesidades especiales, lo que tendrá un costo de US$ 180 millones en régimen. El nuevo sistema aplicará para los establecimientos que, aunque hoy reciben al 55% de los niños que se encuentran asistiendo a este nivel educativo, paradojalmente son los que menos recursos reciben desde el Estado: los jardines infantiles que funcionan vía transferencia de fondos y los niveles medios en establecimientos escolares. De esta forma, se inyectará una suma importante de recursos a través de un mecanismo transparente y objetivo, que se espera contribuya a aumentar la cobertura de manera costo efectiva.
Ahora bien, un problema del proyecto es que -posiblemente por razones políticas- excluye del nuevo sistema a los establecimientos pertenecientes a la Junji, que hoy se financian mediante los recursos que la Ley de Presupuestos le otorga a la institución anualmente y que ésta distribuye en forma bastante arbitraria y hermética. Con esto podría no cumplirse a cabalidad el objetivo de gobierno de equiparar el gasto público entre niños de similares condiciones que asistan a los distintos proveedores que conforman la red pública. Asimismo, si además se considera que en los próximos años la educación parvularia ingresará al Sistema de Aseguramiento de la Calidad, el que debiera equiparar las exigencias y condiciones de funcionamiento entre los distintos tipos de jardines, no resulta justificado mantener dos sistemas de financiamiento paralelos.
Con todo, es de esperar que esta iniciativa obtenga el protagonismo que merece por sobre la gratuidad en la educación superior, y que los distintos sectores se alineen para que pueda avanzar en su tramitación y mejorar los aspectos señalados.