Tribunal acoge a trámite demanda contra Ubilla
Comisión investigadora de la Cámara, además, indagará la compra de tierras en zona mapuche que hizo el subsecretario.
El Juzgado de Letras de Pucón declaró ayer admisible la demanda interpuesta por un grupo de comuneros que busca declarar nula la compra de un terreno en una zona mapuche que en 2009 realizó el actual subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.
Según los demandantes, la transacción transgredió la ley indígena, que prohíbe la adquisición de tierras mapuches por un tercero que no pertenezca a la etnia.
De acuerdo al dictamen, las partes ahora deberán concurrir a un comparendo de contestación y eventual avenimiento, en una audiencia que se desarrollará 10 días hábiles después de la notificación.
La acción judicial fue interpuesta por familiares de Jorge Painequir Molina, el propietario original de las tierras en cuestión, que luego fueron transferidas por liquidación de régimen conyugal a Guadalupe Moris Gajardo en 2008, la que, a su vez, vendió a Ubilla un año después.
Justamente el hecho de que Moris Gajardo no fuese una persona mapuche y que al momento de la venta a Ubilla ya se encontraba liquidada su sociedad conyugal, ha sido el argumento de Ubilla para descartar la vulneración a la ley indígena. Una tesis validada por un informe de la Conadi.
Sin embargo, para los demandantes las tierras no pueden “ser desafectadas de su carácter indígena por una liquidación de la sociedad conyugal”.
Comisión investigadora
Al frente judicial que se avecina para Ubilla ayer se sumó una nueva ofensiva de la oposición: por 64 votos a favor y 53 en contra, la Cámara de Diputados aprobó una comisión investigadora para indagar la adquisición.
Frente a la arremetida en el Congreso, Ubilla dijo que estaba dispuesto a colaborar, no obstante, advirtió que la comisión excedía sus atribuciones: “Estimo que excede el mandato constitucional, porque pretende investigar actos privados, entre ciudadanos individuales. Y la Constitución establece que el mandato de estas comisiones tiene que ver con mandatos de gestión pública”.