ESCÁNDALO EN CORTE DE RANCAGUA . PARLAMENTARIOS Y RESTRICCIONES A LA LIBERTAD PERSONAL

El Poder Judicial debe dar certezas al país de que se están adoptando las medidas para evitar que se repitan hechos de tanta gravedad.

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Ha sido motivo de justificada preocupación -cuando no de escándaloque tres jueces integrantes de la Corte de Apelaciones de Rancagua se encuentren suspendidos de sus funciones por parte de la Corte Suprema, y que se haya abierto un proceso penal por acusaciones de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, donde uno de los magistrados será próximamente formalizado por el Ministerio Público. Asimismo, en los últimos días han sido allanadas las dependencias de diversos abogados que han participado en causas que les tocó conocer a algunos de dichos magistrados, lo que podría amplificar las aristas de este caso. Los jueces investigados han negado cualquier hecho irregular, y algunos de ellos acusan maniobras persecutorias de la Fiscalía y faltas al debido proceso.

Los hechos son de la mayor gravedad y, de comprobarse efectivos, tipificarían abiertas conductas delictuales, lo que provocaría un daño de incalculables consecuencias, tanto al prestigio como hacia la confianza respecto del Poder Judicial.

Frente a la magnitud de estos hechos, resulta central determinar si es un episodio grave, pero aislado, o si, por el contrario, se trata de un modus operandi, con más aristas de las conocidas hasta ahora. En ese sentido, la Corte Suprema juega un rol preventivo básico, como lo ha asumido su ministro portavoz. Años atrás, el máximo tribunal actuó con diligencia al sancionar a uno de los suyos por conductas impropias, actitud que marcó un punto de inflexión, por lo que cabría esperar que frente a esta situación se proceda con igual determinación,

si es el caso.

Pese a la celeridad con que la Corte Suprema ha adoptado medidas disciplinarias, no está claro si existe el ánimo de indagar la posibilidad de que hechos similares pudieran estar ocurriendo en otras jurisdicciones del país, para lo cual cabría esperar una actitud más proactiva. Tan relevante como lo anterior resulta conocer qué medidas concretas implementará el Poder Judicial para evitar que situaciones tan irregulares puedan volver a repetirse. Por de pronto, uno de los jueces cuestionados fue sancionado por faltas a la ética en 2010 -cuando era integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago- y luego trasladado a la Corte de Apelaciones de Rancagua, lo que sugiere que este poder del Estado también podría estar incurriendo en la práctica de “mover” a personas que han sido objeto de reproches, en vez de adoptar medidas que apunten al fondo del problema.

En este contexto, ha sido conocido otro hecho anexo: las extrañas gestiones de un senador del Partido Socialista ante el Fiscal Nacional -en medio de una controversia que enfrentaba a dos de los jueces cuestionados con el fiscal regional de O’Higgins-, así como los vínculos de afinidad que dicho parlamentario tendría con los tres magistrados. Aun cuando tanto el Fiscal Nacional como el senador han descartado cualquier hecho irregular, es evidente que cuando menos ha existido falta de prudencia por parte del congresista -el tribunal supremo del partido investigará el caso-, lo que vuelve a poner de manifiesto la importancia de que la esfera judicial se mantenga al margen de interferencias políticas o presiones indebidas.