“Hay maniobras de los imputados para entorpecer la investigación”
Sergio Moya Fiscal jefe de Alta Complejidad de O’Higgins: El persecutor que investiga la presunta corrupción en la Corte de Rancagua denuncia la visita nocturna de uno de los jueces investigados al tribunal, el hallazgo de cajones desarrajados y el avis
Rancagua ha sido el escenario judicial donde transitaron el caso Caval, los mega incendios rurales de 2017 y los presuntos abusos sexuales realizados por miembros de la Iglesia Católica. Hoy en esta ciudad se está tramitando la investigación centrada en el actuar de tres ministros de la Corte de Apelaciones regional, por presuntos actos irregulares.
En todos estos casos el Ministerio Público ha sido un actor central. El fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional de O’Higgins, Sergio Moya, está a cargo de las pesquisas que complican al Poder Judicial y en entrevista con La Tercera relata los alcances del caso.
¿Desde cuándo indaga al juez de la Corte de Rancagua, Emilio Elgueta?
Esta indagatoria comienza de manera informal el año 2015, producto de ciertos cuestionamientos o dudas que se generaron sobre las resoluciones de algunos ministros y la intervención de algunos abogados particulares en estos procesos. En varias ocasiones defensores penales públicos que defendían a imputados concurrían a la Corte de Rancagua con determinados antecedentes y obtenían resultados negativos. A continuación venía un cambio de abogado, la contratación de abogados particulares, los cuales prontamente concurrían a la corte y con los mismos antecedentes, obtenían un resultado distinto a defensores públicos. Eso se analizó, desde 2015 hasta 2017, y también 2018, hasta dar con el fallo que se vincula al doctor Luis Arenas con un recurso tramitado por el imputado Elgueta (médico que logró un fallo a su favor en la sala de este ministro y con quien habría tenido una serie de contactos).
¿En qué momento se abre el abanico a los otros dos ministros?
En esta investigación hay dos ministros investigados, que son los ministros Elgueta y Marcelo Vásquez. El ministro Marcelo Albornoz, por ahora, no aparece como sospechoso, lo que no obsta que si en el futuro tenemos antecedentes, sí lo sea.
¿Es difícil para la fiscalía investigar
a ministros de corte?
Yo creo que es mucho más difícil para los jueces, que deben dar las autorizaciones judiciales. Es un hecho conocido que hay tres jueces del Tribunal de Garantía de Rancagua inhabilitados, que no pueden conocer de esta causa por diversos motivos. Ahora, nos restan tres jueces que sí pueden dar autorizaciones, que en definitiva han sido bastante exigentes en el estándar de información que les debemos entregar para que nos otorguen las autorizaciones. Por parte de nuestra institución, contamos con el respaldo absoluto de la Fiscalía Nacional, de las unidades especializas de la unidad anticorrupción.
Se ha hablado que esto podría poner en riesgo la institucionalidad. ¿Dónde cree que está ese peligro?
En ningún caso se pone en riesgo la institucionalidad. Todo lo contrario. Hemos tenido una colaboración permanente, una postura firma y decidida por parte del Poder Judicial de facilitar nuestro trabajo, de dar curso a las medidas que solicitamos. Yo he declarado en al menos dos ocasiones en el sumario de la ministra señora Rosa María Maggi y siempre he recibido de parte de ella y de la Corte Suprema y de la Corte de Rancagua una plena disposición de colaboración. Lo que sí me consta es que los imputados investigados están realizando maniobras para atacar a fiscales y jueces que han dado las autorizaciones pertinentes, con conductas obstructivas a la investigación.
¿Como cuáles?
El ministro Vásquez se contactó con nosotros a través de su abogada defensora la semana pasada, el día martes, con la finalidad de aportar antecedentes y ponerse a disposición de la investigación. Eso se programó para el día viernes, donde se le recibió, entregaron algunos antecedentes, pero la semana pasada nos informamos que dos días previos a esa visita de buena fe, el imputado concurrió en horas de la noche a la corte a retirar en una bolsa una multiplicidad de especies, como pendrives y otros objetos de relevancia penal, y que al analizar el registro de su oficina se constató que había cajones que habían sido desarrajados para sustraer información. Es decir, hay maniobras de parte de los imputados para entorpecer la investigación.
¿Y del juez Elgueta?
Por ejemplo, retrasar la entrega de la información bancaria, toda vez que él mismo reconoció en una entrevista que él tuvo conocimiento de que estaba siendo indagado en sus cuentas corrientes desde el mes de noviembre. Es por eso que pedimos al tribunal de garantía indagar de forma interna si habían antecedentes para determinar cómo esta persona se pudo haber enterado de que estaba siendo investigado.
En este caso también apreció la figura del senador Juan Pablo Letelier. ¿Cuál es su situación en el caso?
La verdad es que para nosotros la conducta desplegada por su parte no tiene ninguna relevancia jurídico investigativa. Él deberá responder ante la Comisión de Ética del Senado, frente a la opinión pública de algunas gestiones que ha realizado. Hasta ahora no tenemos ninguna conducta jurídico penal relevante, pero si llegamos a determinar que la hay, sin duda será indagado.
¿Les preocupa la reunión que Letelier tuvo con el fiscal nacional, Jorge Abbott?
No, porque entendemos que parte de las funciones del fiscal nacional es recibir a las altas autoridades, pero malamente él puede determinar los fines o intereses soterrados que puede tener una autoridad, que en este caso, se presentó para hacerle consultas en términos generales.
REUNIÓN LETELIER Y ABBOTT “Fue una iniciativa de él (Letelier) la solicitud de la reunión y es parte de la función pública del fiscal nacional recibir a este tipo de autoridades”.