Debate tributario, gravosa carga
La llamada “modernización tributaria” ha generado un debate de forma y fondo que es interesante analizar tanto en clave técnica pero también y, sobre todo, desde la perspectiva política. Con ello no sólo me refiero a la cuestión coyuntural de la aprobación o no de la idea de legislar, sino que al contexto político en que esta cuestión ocurrió y su significado.
Para ello, valga la pena ir a una cuestión elemental: los impuestos son parte de un contrato social democrático básico. Pagamos impuestos al Estado porque éste, en su misión de garantizar el bien común, utiliza los recursos para generar mayor bienestar social mediante la provisión de bienes y servicios. Las cargas tributarias de los países son diferentes. En nuestra región, por ejemplo, de acuerdo a lo que reporta la CEPAL, los impuestos tienen una escasa capacidad redistributiva y no contribuyen de manera sustantiva a combatir la desigualdad, cuestión que si ocurre en países más desarrollados. No hay que decir que esta es una cuestión medular para una de las regiones más desiguales del mundo.
Dicho lo anterior, lo ocurrido respecto a la aprobación o no de la idea de legislar del proyecto, da cuenta de cuan poco estratégicos y limitados son nuestros debates sobre definiciones gruesas respecto al tipo de sociedad que queremos tener. En esto, la política está al debe.
En efecto, la división que se produjo con la DC, que finalmente terminó aprobando la idea de legislar en la Comisión de Hacienda, tiró por la borda un trabajo de varios meses donde por fin las distintas oposiciones encontraban un camino de acuerdo. El argumento de la falange es que logró el compromiso del gobierno de que la reforma no reduzca la recaudación, que no sea regresiva, que no debilite al SII y que incentive el crecimiento y la inversión. Todas cuestiones que están por verse en la medida que el proyecto avance y que exista posibilidad de que efectivamente sean posibles de introducir. El resto de la oposición, en tanto, ha desestimado todos los argumentos anteriores porque al tratarse de materias relativas a impuestos, los parlamentarios no tienen iniciativa para presentar indicaciones, por lo que la capacidad de modificación real durante la tramitación es casi inexistente y sólo resta como posibilidad, el rechazo. Señalan además que aún cuando se lograra rechazar los elementos regresivos del proyecto, como ocurre con las normas de reintegración o las modificaciones a la Norma General Antielusión, el Presidente tiene la facultad de reincorporar estas normas a través de un veto.
Toda esta enorme discusión, reduce el debate de fondo a una mera discusión de técnica legislativa, que deja a las oposiciones sin argumentos de fondo. Frente a la ciudadanía, sin el debate de sentido detrás, lo que hay es una discusión lejana que no logra explicar con claridad por qué es una de las batallas más importantes para reducir la desigualdad. La recaudación y el impulso al crecimiento es sin duda importante, pero carece de sentido si no está asociado al bienestar colectivo. En esto, nuevamente como país y especialmente desde las oposiciones, estamos perdiendo una oportunidad.