DISCREPANCIAS ENTRE EL TC Y LA CORTE SUPREMA

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SEÑOR DIRECTOR

La ciudadanía ha recibido con estupor las noticias reportadas en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Rancagua, y como hemos sostenido desde el inicio, es también nuestra aspiración que donde existan responsabilidades individuales, sean estas perseguidas y sancionadas, tanto penal como administrativamente.

Pero el problema no termina ahí. El actual diseño institucional de nuestro Poder Judicial, prácticamente incólume desde el establecimiento de la República, resulta hoy vetusto y, a la luz de las circunstancias, agotado.

Estamos frente a un gran problema estructural, como un enorme edificio que no resiste más mejoras ni adecuaciones tecnológicas. Debemos dar paso a una nueva estructura, con un nuevo diseño y nuevos materiales. Y la razón es muy simple: reducir los espacios grises que favorecen la corrupción en cualquiera de sus formas, aún sutiles, requiere reformas modernizadoras para un Estado que se ha mostrado más bien apático y displicente con ellas.

Tribunales superiores -Corte Suprema y Cortes de Apelaciones-, abocados a un sinfín de tareas gerenciales, distraídos permanentemente de aquello que les es nuclear -resolver las cuestiones sometidas a su conocimiento-, son en la actualidad una verdadera anomalía que arrincona a nuestro país a un cada vez más pequeño reducto de estados, en los que subsisten estructuras judiciales con marcados rasgos monárquicos de verticalidad y confusión de funciones.

Por ello, tal como hemos planteado desde hace más de una década, reiteramos nuestro llamado a los órganos legisladores a dar este salto a la modernidad, que permita a la ciudadanía tener un Poder Judicial con jueces que no teman ser reprendidos ni esperen ser premiados por la manera como resuelven, en espacios iluminados por la transparencia y lejos de la influencia de otros entes o agentes.

Soledad Piñeiro

Presidenta

Asociación Nacional de Magistrados