LAS CUENTAS DE COCHRANE

SEÑOR DIRECTOR

Lord Cochrane se quejaba en sus memorias sobre la severidad de la autoridad chilena para exigirle, 16 años después de su partida del país, la rendición de cuentas de los fondos invertidos en sus acciones. Para Cochrane, “muchas de las explicaciones eran de naturaleza despreciable, pidiendo razón del desembolso hasta de un solo peso”, porque “como si en medio de operaciones de tal magnitud como las que condujeron a la consumación de todos los objetos propuestos, pudiese yo ocupar mi tiempo en pequeños detalles”. La amarga queja de Cochrane estaba asociada al envío de los antecedentes al Tribunal de Cuentas por parte de la autoridad nacional.

Buena parte de nuestra historia en materia de control de los fondos públicos está vinculada a esta institución, que, tras la creación de la Contraloría en 1927, quedó incorporada en su interior. Actualmente existe un debate público que pareciera llevarnos a una inevitable reforma a la Contraloría, y sobre esto existen aspectos que no deberíamos descuidar.

En materia de fondos estatales, hoy solo una parte de su fiscalización está en manos de la Contraloría y su Tribunal de Cuentas, otros tantos están atomizados en instituciones sin ninguna especialidad. Es lo que sucede con los recursos públicos que reciben los partidos políticos que controla el Servel, el autocontrol del destino de los fondos que realiza el Congreso o la Corporación Administrativa del Poder Judicial, por enunciar algunos.

Pensar que la reforma a la Contraloría es una simple reestructuración orgánica, implicaría un error de proporciones. Lo que genuinamente está en juego es el modelo de control de los recursos del Estado, porque da lo mismo ser un prócer de la independencia como Cochrane: la inversión de los fondos públicos requiere de una fiscalización unificada para que esta sea genuinamente efectiva.

Luis Cordero Vega