Notre Dame y la conservación del patrimonio
Esta semana el mundo fue testigo de la destrucción de gran parte del techo y de la icónica aguja de la catedral Notre Dame en París, a consecuencia de un devastador incendio que estuvo a punto de destruir 800 años de historia. Un inesperado efecto de esta tragedia es que junto con despertar un inusitado espíritu filantrópico para su reconstrucción, también abrió un interesante debate sobre la importancia de cuidar el patrimonio y revisar el estado de las políticas públicas al respecto. En el caso de Chile, un balance general sugiere que, pese a los avances que se han registrado, todavía existen una serie de carencias que llevan a contar con una estructura aún no suficientemente robusta para la tarea encomendada.
Nuestro país se ha dado una nueva institucionalidad a partir del 2018, con la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, lo que es un paso relevante. Iniciativas como el Día del Patrimonio también han contribuido de manera decisiva a crear conciencia en la ciudadanía. Pero frente a
la conservación de construcciones históricas, aún se observan fuertes carencias. Es así como existen varias instalaciones que no han logrado ser reparadas tras incendios, terremotos o el deterioro que provoca el paso del tiempo -es el caso de la Basílica del Salvador, o la Iglesia de San Francisco en el Cerro Barón, que a seis años de un siniestro recién cuenta con fondos para reparación-; en tanto que las declaraciones de carácter patrimonial de inmuebles por parte del Consejo de Monumentos, además de crear constantes fricciones con sus propietarios, se ven limitadas por la falta de recursos para la conservación. Otras voces han hecho ver por estos días que a propósito de lo ocurrido en Notre Dame, no hay protocolos bien establecidos sobre cómo proceder frente a siniestros en construcciones históricas.
Los desafíos no solo pasan por mayores recursos monetarios, sino también en coordinación y procesos, y en la necesidad de mejorar los incentivos para fortalecer la colaboración público privada en la protección patrimonial.