Modernización de subvención escolar preferencial
La experiencia del sector educacional ejemplifica bien cuando, en nombre de una buena intención, se terminan imponiendo excesivas regulaciones que ponen en riesgo los objetivos originales.
Tras el rechazo por parte de la Cámara de Diputados de la acusación constitucional contra la ministra de Educación, su cartera ingresó un proyecto de ley que ya se venía anunciando desde hace un tiempo. Se trata de una iniciativa que posiblemente sea bien recibida por el mundo escolar, pues tiene por objeto modernizar la normativa relativa a la Subvención Escolar Preferencial (SEP), reduciendo la burocracia asociada a ella y extendiendo su aplicación a todos los establecimientos del país. Los cambios que introduce el proyecto de ley recogen en buena medida las recomendaciones emanadas del informe final de la Comisión Todos al Aula, convocada por el Presidente de la República el año pasado para proponer medidas que reduzcan la sobrecarga administrativa que afecta a los sostenedores y directivos escolares.
Esta subvención se entrega como complemento a la subvención regular, a aquellos colegios que atienden a los alumnos de menores ingresos del país, siempre y cuando se comprometan con una serie de medidas plasmadas en un convenio con el Ministerio de Educación (Mineduc). Ello implica que la utilización de los recursos que se entregan en virtud de la SEP presenta una serie de restricciones y exige una detallada rendición de cuentas que, si bien en un comienzo pudieron justificarse en razón de resguardar el buen uso, hoy han quedado obsoletas producto de las nuevas regulaciones impuestas en los últimos años. Esto ha ido entorpeciendo la correcta gestión de los recursos públicos por parte de las escuelas, que han debido incurrir en elevados costos administrativos para satisfacer los múltiples controles exigidos.
En consecuencia, si bien los efectos generales de la SEP han sido bien evaluados por diversos estudios, parece haber espacios de mejora, pues año a año se observa que una cantidad significativa de recursos no es aprovechada por las escuelas. Según indica un análisis del Centro de Políticas Públicas de la UC, entre los años 2008 y 2017 se acumuló un saldo de $ 435 mil millones en SEP que los colegios no pudieron utilizar.
Con todo, la experiencia de lo que ha venido ocurriendo en el sector educación es un buen ejemplo de lo que pasa cuando, en nombre de una buena intención, se terminan imponiendo excesivas regulaciones que no necesariamente son coherentes entre sí y que ponen en riesgo la consecución de los objetivos originales. Asimismo, revela cómo a veces la desconfianza lleva a desequilibrar la balanza hacia un excesivo celo por parte del Estado, impidiendo que los perceptores de sus ayudas puedan disponer de éstas con la flexibilidad requerida.
¿En cuántas otras materias se repetirá lo ocurrido con la SEP? El proyecto presentado por el Mineduc debiera motivar a reflexionar sobre ello y a tomar acciones similares en otros ámbitos en los cuales se requiera armonizar las diversas regulaciones que pudieran estar sobreponiéndose. Asimismo, constituye un llamado de atención para que a la hora de legislar se tenga en cuenta lo que ya existe con una mirada sistémica, previniendo que este tipo de inconvenientes se produzcan.