Un compromiso contra la “nueva normalidad”
Frente al vandalismo sin control, el gobierno y los partidos políticos deben actuar sin más dilación para recuperar el orden público. Buscar restablecer el imperio de la ley es la mejor forma de asegurar el respeto a los derechos humanos.
El país ha entrado en la quinta semana desde el llamado “estallido social”, y a lo largo de todo este tiempo las escenas de vandalismo, barricadas, saqueos, amedrentamiento a la población civil y destrucción de la propiedad público y privada no se han detenido. Por el contrario, peligrosamente ha tendido a acentuarse, y solo en estos días se han podido apreciar inquietantes quemas de edificios públicos, de centros comerciales y ataques a comisarías de Carabineros. Todo ello, a su vez, ha impedido que se pueda reanudar el campeonato de fútbol, en tanto grupos radicalizados insisten en tomas de universidades y grupos de estudiantes otra vez han vuelto a evadir el pago del Metro.
Las hordas destruyendo y saqueando sin pudor -y al parecer sin temor alguno de recibir una sanción- están generando una sensación de temor y angustia en la ciudadanía como no habíamos visto, además de una catástrofe en nuestra economía. Todo esto es signo inequívoco de que el país está muy lejos de haber recuperado la normalidad que el gobierno y los partidos políticos intentan transmitir, y algo que podría ser aún más peligroso, pareciera como si estuviera emergiendo una “nueva normalidad”, esa en que ya se da por descontado que no podrá haber servicios básicos funcionando con normalidad, ni orden público garantizado y, por tanto, los hábitos de vida y productivos habrán necesariamente de adecuarse a ello.
No parecen haberse aquilatado las profundas implicancias que una situación así trae para la sociedad, pues la horadación de las instituciones y el incumplimiento de normas básicas de la convivencia pueden desestabilizar la democracia misma. Ha llegado, por lo tanto, el tiempo de actuar, y en ese marco es necesario que tanto el gobierno como todos los partidos políticos realicen un llamado enérgico e inequívoco para recuperar el orden público, exigiendo una tajante condena de la violencia. De no actuar rápidamente en esa dirección, la desestabilización del orden institucional se avizora como algo inevitable, haciendo por de pronto inviable la discusión de una nueva Constitución.
La autoridad del Jefe de Estado, conforme con la Constitución, “se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público”, y los partidos de gobierno y oposición que suscribieron el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución deben recordar el punto 1: “Los partidos que suscriben este acuerdo vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile”. La invocación de estos preceptos recuerda que no solo el mandato constitucional, sino el propio compromiso que se ha suscrito frente a la ciudadanía, obligan a actuar sin más dilación en el objetivo de restablecer el orden público, lo que implica brindar respaldo a la autoridad de Carabineros y una actuación decidida para impedir la impunidad.
Esta discusión tiene lugar cuando se ha conocido el informe de una ONG internacional así como denuncias de entidades locales, que han hecho ver que en estas últimas semanas tanto Carabineros como las Fuerzas Armadas han cometido graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, tendientes a amedrentar la protesta social. Aun cuando el informe de la ONG ha sido rechazado en duros términos por el gobierno, así como las Fuerzas Armadas, la gravedad de los casos denunciados exige investigaciones exhaustivas y sanciones drásticas de comprobarse efectivas. En un estado de derecho no puede haber margen para apremios ilegítimos, pero tampoco ha de caerse en la trampa de que abogar por la defensa del orden público es ponerse en contra de la defensa de los derechos humanos. Por el contrario, es el orden público y el apego a la ley lo que garantiza el respeto a los derechos humanos: a manifestarse en paz, a poder expresarse sin temor, a ejercer el derecho a trabajar y emprender, a desplazarse libremente, a no vivir con temor, al respeto de la propiedad. Esa es la normalidad que debe recuperarse cuanto antes.
Mejores pensiones, ingreso mínimo más alto, rebajas al agua, luz y gas, no más Tag, medicamentos a menor costo, perdonar la deuda del CAE, seguro de enfermedades catastróficas, plan de apoyo para las medianas y pequeñas empresas, mejorar la salud, educación gratuita y de calidad para todos, menores contribuciones y transporte gratuito para los adultos mayores, subir las remuneraciones de los empleados públicos, bajar la jornada laboral a 40 horas, aumentar en 5 días anuales las vacaciones, flexibilidad laboral, nacionalizar el cobre, litio y agua, nueva Constitución y la lista sigue al infinito.
Así de heterogéneas son las demandas y el presupuesto fiscal simplemente no alcanza. Aun cuando el país se endeude de forma importante, nuestra economía no da. Priorizar es imperativo. El gobierno y la oposición han puesto el acento en los adultos mayores y la clase media, que han logrado posicionar de mejor forma sus demandas. Eso está muy bien, pero no debemos olvidarnos de los grupos más vulnerables que siempre terminan postergados.
El gobierno anunció un endeudamiento de 9.000 millones de dólares para la agenda social, pero ¿cuánto le llegará a los más pobres? En Chile, un millón y medio de personas vive bajo la línea de la pobreza. ¿Quiénes son? En gran parte son niños y jóvenes. Mientras más de 600.000 menores de 18 años viven bajo la línea de la pobreza, menos de 100.000 adultos mayores se encuentran en esta situación. ¿Qué les estamos ofreciendo a estos niños? Poco o más bien nada. Los hogares que viven bajo la línea de la pobreza son en su mayoría uniparentales, con jefatura femenina y con más de dos niños en promedio por hogar. La mayoría de estas mujeres no tiene un trabajo formal y, por ende, el ingreso mínimo garantizado no les llega.
¿Cómo sacar de la pobreza a estas familias? Dar acceso al mercado laboral es la mejor alternativa, pero cuando se tiene hijos pequeños el acceso a la sala cuna y la flexibilidad laboral son primordiales. De ahí la necesidad de sacar adelante el proyecto de ley que asegura a todos los hijos de las madres trabajadoras acceso a una sala cuna y de flexibilizar la jornada laboral para las madres y jóvenes. Pero eso no es suficiente, en el corto y mediano plazo se requiere priorizar el subsidio habitacional a estas familias y ayudarlas con transferencias directas del Estado, especialmente cuando tienen hijos pequeños.
En segundo lugar, tenemos 100.000 niños y jóvenes que hoy están excluidos del sistema escolar (no todos ellos viven bajo la línea de la pobreza) y el Estado todavía no les ofrece una alternativa educativa que satisfaga sus necesidades.
Finalmente, cerca de medio millón de jóvenes no estudia ni trabaja; la gran mayoría de estos son mujeres. ¿Qué hay para ellos en la agenda social?
Las demandas de estos niños y jóvenes no se oyen: son relativamente pocos y no votan; de ahí que siempre hayan sido postergados. Pero abramos lo ojos y miremos quiénes están hoy quemando Chile: en su gran mayoría son niños y jóvenes, que a falta de oportunidades han caído en la delincuencia, el narco o simplemente en el nihilismo.