Violencia constituyente
Si lo hacemos bien, ésta no va a ser recordada como la Constitución de los saqueos”, afirmó hace unos días el jurista Patricio Zapata. Un sincero reconocimiento al papel que la violencia ejerció en la instalación de un escenario que, hasta el 18 de octubre, no tenía los respaldos mínimos para prosperar. En la última elección presidencial, los ciudadanos proclives a una nueva Constitución tuvieron múltiples opciones –desde Carolina Goic hasta Eduardo Artés-, pero una aplastante mayoría absoluta escogió a un candidato que no tenía la nueva Constitución en su programa. Hoy, dicho objetivo ha sido impuesto por una minoría que ha violentado las reglas de la democracia, actores que han utilizado la movilización pacífica y violenta como un elemento de chantaje.
La complicidad política de estos “pirómanos pasivos” es, sin duda, un factor clave para explicar la extensión del saqueo y del incendio intencional en las últimas semanas. El impuesto que pagan es barato: dicen condenar la violencia, pero inmediatamente salen a lucrar con sus consecuencias, poniendo al gobierno de rehén. Dicen estar muy preocupados de los problemas de orden público, pero sistemáticamente han buscado debilitar y anular la labor de control que debe ejercer Carabineros. Los innumerables casos de exceso policial e incumplimiento de protocolos que han derivado en graves violaciones a los DD.HH., no solo han levantado la justa exigencia de sanción para sus responsables, sino que han servido también de argumento para neutralizar toda respuesta a la violencia aguda que asola al país. Y ese es un objetivo deliberadamente buscado por sectores de oposición.
En las últimas 72 horas, las turbas no solo han seguido saqueando supermercados y locales comerciales; también incendiaron un hospital en Coquimbo, un mall en Quilicura, bencineras y edificios públicos. En la madrugada del viernes, más de veinte recintos policiales fueron coordinadamente atacados, pero el silencio o la minimización de estos hechos se mantiene como parte sustancial de una estrategia cuyo fin evidente es la desestabilización del país y, ojalá, la caída del gobierno. Frente a un Ejecutivo inerme y sin fuerza, paralizado por el trauma de las violaciones a los DD.HH., la oposición ha mantenido su ofensiva para viabilizar sus demandas y agendas, sin ningún interés en colaborar en el combate a la violencia desatada. ¿Para qué ponerse en contra de lo que, al menos hasta ahora, ha dado buenos frutos y tiene además al adversario por el suelo?
La ingenua ilusión que alimenta esta estrategia es que, una vez obtenido todo lo que se pueda, la destrucción tarde o temprano irá menguando por sí sola. Como si el crimen organizado y las redes del narcotráfico no estuvieran también haciendo su negocio: los avances realizados en el control territorial y en la construcción de lealtades derivadas del saqueo y la distribución de bienes, son claves de este fenómeno. Y la manera en que sectores de oposición han pretendido sacar ventaja de esta tragedia solo confirma una indolencia y una irresponsabilidad que lindan en lo criminal. En rigor, es su dolosa ambición la que está siendo usada por la delincuencia en función de sus objetivos y no al revés.
En este cuadro, no hay ninguna posibilidad de hacer las cosas bien e impedir que la nueva Constitución sea hija del saqueo. Ni la Constitución ni la agenda social ni nada positivo va a salir de este nivel de violencia, destrucción y crimen organizado. Un drama que está afectando principalmente a los sectores más vulnerables, que terminarán a la larga siendo seducidos por aquellos que puedan garantizarles un mínimo de seguridad, orden y acceso a lo mucho que han perdido en este tiempo de horror.
Se ha recordado y hasta festinado en estos días la idea de Marx respecto a la violencia y su lugar como “partera” de la historia. Pero lo que se olvida es que Marx se refería a la violencia política, no a la puramente delictual. Los que creen que esta es una criatura a la que pueden liberar, alimentar y usar, para después devolver a su jaula, simplemente no han abierto un libro de historia.