Ley que sanciona saqueos, barricadas y desórdenes avanza en el Congreso
Cámara Baja aprobó reforma que crea nuevos delitos y que eleva penas para robos actuando en grupo y bajo estado de calamidad o alteración del orden. Senado visó anoche proyecto en general.
La iniciativa surgió como una moción parlamentaria con el objetivo de endurecer las penas para el delito de robo en lugar no habitado o “saqueos” que se cometan en un contexto de “calamidad pública o alteración del orden público”.
El proyecto despachado ayer tuvo un importante avance en su tramitación al ser aprobado en la Cámara de Diputados con amplia mayoría. En su votación en general, el proyecto tuvo 127 votos a favor, siete en contra y 13 abstenciones, todas ellas de parte de parlamentarios de oposición.
Los diputados que estuvieron contra el proyecto fueron tres del Frente Amplio (FA), dos del Partido Comunista, uno del Partido Socialista y un diputado de la Federación Regionalista Verde Social.
En la votación en particular fue donde más diferencias hubo, sobre todo porque algunos diputados de oposición manifestaron sus reparos con algunos artículos que, a su juicio, criminalizan las protestas sociales. Por ejemplo, expusieron, cuando se levantan barricadas. Este artículo fue aprobado por 83 votos a favor y 53 en contra, todos de legisladores de oposición.
El proyecto fue escrito por los diputados RN Gonzalo Fuenzalida y Marcela Sabat y tres diputados de la DC: Matías Walker, Gabriel Silber y Miguel Ángel Calisto.
Tras su avance legislativo, el diputado Fuenzalida dijo que el proyecto busca que “los fiscales no tengan excusa para hacer su pega. Pusimos en forma clara y precisa cuándo una manifestación se transforma en una manifestación violenta que altera a ciudadanos en su derecho”.
Las nuevas penas
El proyecto de ley modifica el Código Penal con la intención de sancionar los desmanes ocurridos durante una manifestación “en cuanto sus partícipes se valen de esta y de forma violenta concurren en desórdenes públicos”.
El primer punto de la normativa en trámite incorpora una definición complementaria para los “desórdenes públicos”. Allí se busca sancionar cinco conductas: paralizar o interrumpir gravemente servicios públicos de primera necesidad, como el transporte, agua potable y otros; lanzar elementos contundentes, cortantes y punzantes que pongan en riesgo la integridad física de las personas; destruir bienes inmuebles, sobre todo los de “reconocida importancia científica, religiosa o social”. También pena a quienes incendien objetos o usen elementos que impidan coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos como, por ejemplo, las barricadas, y sanciona el bloqueo al actuar de Bomberos u otros servicios de utilidad pública.
La segunda modificación que se pretende introducir es una agravante cuando los delitos se realicen por “una agrupación u organización destinada a cometer habitualmente estos delitos”.
En ese caso las penas irían de tres hasta los cinco años de cárcel.
El último punto de la moción es una agravante para los robos en lugar no habitado. Esto implica aumentar la pena de presidio menor en su grado mínimo (61 días a 541 días) a una de grado máximo (tres años y un día a cinco años de cárcel), cuando el ilícito se cometa actuando en grupo o individualmente en medio de desmanes y estos ocurran “con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público”.
Incomodidad en el FA
Tras la votación en la Cámara Baja, la diputada humanista y miembro del Frente Amplio Pamela Jiles criticó en sus redes sociales la aprobación de “la primera de una serie de leyes represivas del gobierno con 127 votos a favor. Fui uno de los siete votos en contra”, aseguró.
En su publicación, la legisladora atribuyó la iniciativa al proyecto de ley antiencapuchados que ingresó el gobierno y que está en el Senado. El error de la legisladora provocó molestia entre un grupo de parlamentarios del FA.
Uno de ellos fue el diputado Gabriel Boric, quien aseguró que en su caso aprobó “penalizar ataques a Bomberos y otros servicios de utilidad pública que pongan en peligro la vida de la gente y rechacé todo lo que criminaliza la protesta social”.
Por su parte, el diputado de RD Jorge Brito respondió al emplazamiento realizado por Jiles afirmando que “algunas personas buscan dividir y desinformar”. Añadió que la ley en trámite “está en el Senado y no se ha votado. Yo no respaldaré proyectos que buscan criminalizar el descontento social”.
Anoche, el proyecto fue aprobado en general en el Senado, con 33 votos a favor, 2 en contra, 2 abstenciones y un pareo. Además, los legisladores dieron plazo hasta el viernes para presentar indicaciones y se espera que durante la próxima semana la moción sea votada en particular, donde se definirá su eventual aprobación.b