Abbott lidera dura respuesta de fiscales a críticas del gobierno por su labor en la crisis social
Tras la arremetida de Interior en contra del actuar del Ministerio Público, el organismo se defendió acusando ignorancia y desinformación.
“La fiscalía no tiene que defenderse, (...) tiene que aprovechar esta oportunidad para ser una mejor fiscalía”.
Molesto. Así se veía ayer el fiscal nacional, Jorge Abbott, cuando se le preguntó por las críticas que hizo el gobierno a la función de los persecutores en las investigaciones por delitos ocurridos durante la crisis social que vive el país.
“Hoy se pretende traspasar al sistema procesal penal una responsabilidad respecto de un estallido político y social, del cual el Ministerio Público no tiene una responsabilidad mayor. La responsabilidad que tiene el Ministerio Público es de investigar delitos y solicitar sanciones para aquellas personas que incurren en conductas que son sancionadas por la ley”, dijo Abbott, tras participar en la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal.
Su comentario fue una respuesta directa al oficialismo y también al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien el martes dijo a La Tercera que “muchas veces el Ministerio Público no nos acompaña y básicamente
quedan rápidamente en libertad, ni siquiera van a los controles, quedan apercibidos al Artículo 26 (citados), pero el objetivo nuestro es volver a insistir, mejorar las pruebas, aumentar la cantidad de información que hay para ponerla en manos de la fiscalía, a fin de lograr su detención”.
Abbott se defendió entregando resultados del trabajo del Ministerio Público desde el inicio de la crisis. “Desde el Ministerio del Interior parecen no haber leído las cifras que nosotros hemos entregado. Hemos pasado a audiencia de control de detención a más de 30 mil personas, formalizado a cerca de otras 20 mil y tenemos más de dos mil personas en prisión preventiva (...). Yo llamaría a la autoridad a actuar con mayor seriedad, a mirar las cifras y respaldarse en instituciones técnicas”, indicó.
También subrayó lo que, a su juicio, son desconocimientos de los legisladores respecto del funcionamiento del sistema: “He escuchado a parlamentarios que indican que el Ministerio Público debe estar presente
en los sitios del suceso ordenando las detenciones. Eso habla de una ignorancia absoluta de cómo funciona el sistema. Los fiscales actúan una vez que se ha cometido un delito y solo concurren al sitio del suceso para levantar información”.
Añadió que en el caso de las personas que han cometido los hechos más graves “buscaremos tener la mejor investigación posible para sancionarlos con las mayores penas”.
Sin embargo, dijo que para quienes “cometieron delitos de oportunidad, producto de los saqueos (...), la solución debe ser diametralmente distinta, como lo hemos hecho también con otras personas de otros sectores sociales distintos, que hoy están en la calle”.
El jefe del Ministerio Público, además, hizo una autocrítica y reconoció equivocaciones en el actuar de la fiscalía en relación a las 26 salidas alternativas entregadas a imputados por saqueos.
Tras los comentarios de Abbott, la vocera de gobierno, Karla Rubilar, le respondió a través de Radio Biobío que “la fiscalía no tiene que defenderse, yo creo que tiene que aprovechar esta oportunidad para ser una mejor fiscalía, después de 48 días”.
Fiscales cierran filas
En medio de la arremetida de Abbott en contra del Ejecutivo, los fiscales regionales salieron a respaldar la
postura tomada por el jefe del Ministerio Público (ver frases).
Uno de los más duros fue el persecutor regional de Antofagasta, Alberto Ayala. “El Ministerio Público no acompaña ni a este gobierno, ni al anterior, ni al que viene. Lo que hace es cumplir la función constitucional que es investigar los hechos constitutivos de delitos”, dijo. Agregó que “a este gobierno y también al anterior les interesaría que todas las personas que son detenidas en el contexto de manifestaciones, que son legítimas y pacíficas, queden detenidas, y eso significa derechamente penalizar un conflicto que es social y político, y la fiscalía no está para ese juego con ningún gobierno”.
Raúl Arancibia, fiscal regional de Tarapacá, indicó que “el subsecretario está desinformado, por lo menos de la labor que está realizando diariamente el Ministerio Público (...). Diariamente recibo el informe de cuántas personas fueron detenidas y van a pasar o no a control. La mayoría pasa a control de detención”.
La fiscal regional del Biobío, en tanto, explicó que “luego de pasar por el tribunal, no todos quedan presos. ¿Que queden libres significa que no hay proceso en su contra? Absolutamente no. Algunos dirán que solo a algunos los procesamos. No, señor, a todos. Y de ellos, en un principio, más del 90% no tenía antecedentes”.b