El ostracismo de Carmen Fernández
Tras siete años de un expuesto proceso judicial, en el que llegó a ser formalizada por cuasidelito de homicidio, la exdirectora de la Onemi resolvió no volver a la escena pública.
“Me llamó la jefa de comunicaciones del Ministerio del Interior, doña Ximena Gattás, quien me solicitó ayuda en la organización de la ceremonia en la que asumía Alberto Maturana como director de la Onemi. Manifestándome también el interés en que yo asumiera como su directora de comunicaciones”.
El recuerdo es de mayo de 1994, hace ya 26 años. Meses después, un 1 de junio, la periodista Carmen Fernández Gibbs comenzó a trabajar en el departamento de coordinación y difusión de la Oficina Nacional de Emergencias.
La frase es de la propia Fernández ante la fiscal Metropolitana Occidente, Solange Huerta. Data del 18 de octubre de 2010. La persecutora investigaba posibles errores cometidos por las autoridades en decretar alerta de tsunami el 27 de febrero de ese año para dilucidar si el fallido aviso significó la muerte de 156 personas y la desaparición de otras 25 en las regiones más afectadas por el violento terremoto.
En su exposición ante la fiscal, la entonces directora de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) recordó parte importante de su vida laboral, la misma que quedó en jaque tras la emergencia. Su paso por la carrera de Pedagogía y luego Periodismo. Su trabajo en varios medios de prensa y en una agencia de comunicaciones. Sus especializaciones de prevención de riesgos en EE.UU. y en España. Y, en particular, su labor en la Onemi, donde asumió como directora interina en mayo de 2006, siendo confirmada en el cargo por la Presidenta Michelle Bachelet el 8 de noviembre del mismo año.
La tragedia del 27/F no solo supuso el término de la vida laboral de Fernández en la Onemi. La experta fue formalizada por cuasidelito de homicidio. Y aunque el proceso fue suspendido en 2017, Fernández optó por un ostracismo que ha mantenido por años. “Perdone usted. Hace aproximadamente nueve años que resolví no volver a hablar con los medios. Le ruego me disculpe. Buenos días”, fue su escueta respuesta, a través del WhatsApp, al interés de La Tercera por contactarla.
Su abogado en este proceso, Luciano Fouillioux, da luces sobre el largo periplo que ha debido transitar Fernández. “Tengo contacto regular con ella. Se está reconstruyendo, lo que no es fácil. Nada bueno pasó, salvo salir delante. Yo no tenía ninguna relación de amistad con ella, la conocí en función de su cargo y me pareció que era una causa justa para acompa-
ñarla”, cuenta.
Rostro de la “inoperancia”
Actualmente, en el entorno de Fernández solo dicen que “ella está bien, que hace clases, igual que siempre”. En la Uniacc -donde se desempeña “como docente parttime”, en Periodismo- lo confirman. También brinda asesorías a algunas empresas privadas.
El 7 de mayo de 2012, en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago y durante varios días, se efectuó la audiencia de imputación de cargos a las autoridades que estuvieron al mando de la emergencia. Antes de comenzar la formalización, Fernández afirmó que venía
a escuchar lo que se le imputaba “y a demostrar mi verdad”.
La profesional fue imputada de “cuasidelito de homicidio” y se dictó arraigo nacional como medida cautelar. Siempre temió quedar detenida, según confesaría.
Fernández mantuvo silencio en buena parte del proceso. A mediados de ese mismo mayo de 2012, sin embargo, concedió una entrevista a La Tercera. Dijo que sufrió dos episodios más o menos violentos, producto de insultos en la calle, pero que en general “ha habido un acercamiento de las personas”. Allí también reconoció que se transformó “en el rostro de la inoperancia, por el tema de la alerta y las circunstancias en que se produjo una cadena de situaciones, en la cual yo era uno de los eslabones”. Confesó que “si me hicieran volver a atrás, algo de lo que me arrepiento es de haber radicado toda mi confianza en el Shoa”.
Siete años de proceso
El camino legal fue complejo. Y a la vez mediático. En mayo de 2013, el juez Ponciano Sallés rechazó una solicitud de sobreseimiento de su defensa y señaló que tras el sismo, lo primero que debió haber hecho la exautoridad, a su llegada a la Onemi, “fue dar cumplimiento a la alerta de tsunami emitida por el Shoa, aun cuando luego ésta fuera descartada por el organismo de la Armada”.
Tras ese hito el proceso duró otros tres años, que incluyeron más declaraciones, audiencias y una reformalización por las 104 víctimas fatales que finalmente incluyó la acusación. Hasta que el 7 de abril de 2016, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago aprobó la suspensión condicional del procedimiento propuesta por el Ministerio Público. Había un acuerdo con los imputados del llamado “caso Tsunami”. Entre las condiciones impuestas estuvo el pago de una indemnización de $ 245 millones, que para el caso de Fernández fueron $ 39 millones.
En esa audiencia, la exdirectora de la Onemi leyó una declaración e incluso se emocionó y se quebró. “Vivo esta pesadilla con dolor e impotencia como ustedes no se imaginan (…) ciertamente, jamás podrá compararse con el dolor de los familiares de las víctimas fatales, a quienes sin complejos doy mi acompañamiento (…) creo haber realizado todos los esfuerzos para ir en ayuda de la población, pero si eso pudo ser insuficiente, lo lamento honestamente”, dijo.
El caso se cerró el 13 de octubre de 2017. Luego de 18 meses de decretada la suspensión condicional del procedimiento, así como de otros cinco imputados, la 11° Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la resolución y decretó el primer sobreseimiento definitivo en la causa. Fue para Carmen Fernández.
Fouillioux recordó detalles de cómo vivieron la causa. “El país sufrió una esquizofrenia. Tenía que buscarse un culpable. Esto fue una tragedia para muchas personas. A partir de esa tragedia hubo un aprovechamiento brutal de sectores políticos e incluso empresariales”.