En deuda con La Araucanía
La historia de La Araucanía está tristemente marcada por los conflictos de intereses que hacia ella se han generado y por el dolor que en su población ha causado. Antiguamente los incas quisieron dominarla y al no conseguirlo dieron origen a la leyenda épica sobre sus habitantes. Luego vino el Imperio Español y denominó la zona como el Flandes indiano, por considerarla un nuevo problema para la administración. Seguidamente llegó el Estado chileno, quien en vistas de “finiquitar el problema de La Araucanía” decidió colonizarla, proceso que se enmarcó en la denominada Pacificación/Ocupación de La Araucanía (1860-1883), conceptos interpretativos, eufemismos que por años han tratado de negar el afán económico que se perseguía y que se tradujo en despojos sistemáticos para las comunidades. Estos hechos son de conocimiento general y son tópicos recurrentes en conversaciones cotidianas, pero aún no llegan a ser tomadas en consideración por los sectores que podrían generar posibles vías hacia una resolución.
Sabemos que el Estado debe hacerse cargo de generar instancias de diálogo, otorgando representatividad efectiva a las colectividades indígenas y debe reconocer los errores e irregularidades que marcaron la “redistribución” de tierras llevada a cabo durante la segunda mitad del siglo XIX, quiebre que obligó a dejar atrás el consuetudinario uso comunitario de los espacios para dar paso al individualismo productivo/comercial, hechos que me han llevado a denominar al proceso como Privatización de La Araucanía, instancia que causó a su vez el surgimiento de los enormes latifundios y consiguientemente de las grandes forestales.
Al pensar en posibles soluciones para el conflicto mapuche, el Estado debe dar principal consideración a la restitución de tierras y de los recursos naturales que trae consigo, para lo cual se debe desenmarañar el proceso de colonización, exponiendo tanto el mal actuar de algunas autoridades como también de los particulares, puesto que identificando las transacciones fraudulentas se puede contar con una base desde donde planificar una nueva reforma agraria. Me atrevo a exponer esta propuesta porque he dedicado los últimos años al estudio de la colonización en La Araucanía y la documentación existente presenta pruebas de que muchos particulares desplegaron diversas artimañas para hacerse de terrenos en reiteradas ocasiones; también se cuenta con denuncias redactadas por encargados de la colonización, como el caso de Teodoro Schmidt, quien expone que en ocasiones “solo se dio causa a solicitudes que estaban del partido político del Jefe de la Comisión de Ingenieros y que estas hijuelas se aprobaron en 280 hectá.² siendo que debían ser de 20”. Otra arista que debe modificarse es el marco legal que posibilitó que esto se encauzase así, ya que la ley de Colonización de Bulnes (1845) “autorizaba al Presidente a fundar colonias de naturales o extranjeros en terrenos baldíos”, pero la zona definida para radicar colonos fue el Territorio de Colonización de Angol (hoy provincia de Malleco) lo que con o sin dolo invisibilizó a la población que ahí residía, mientras que la ley de 15/07/1869 (J.J. Pérez) dictó que los departamentos de Angol, Lebu, Imperial y Arauco dejasen de ser territorios indígenas y se convirtieran en terrenos destinados a la colonización.
Hallar la cura para una herida tan profunda no será de ninguna manera tarea sencilla, pero hoy, cuando el modelo imperante ha demostrado ser inadecuado y la gente está presionando para cambiarlo, parece ser el momento idóneo para que la voluntad conciliatoria se materialice generando instancias que conlleven a un entendimiento y así poder finalmente saldar las deudas del pasado y concretar la meta de cohesión cultural y territorial que tanto ha pregonado el Estado.
Hay que saldar las deudas del pasado para lograr la cohesión cultural y territorial que pregona el Estado.